madrid - El Gobierno aseguró ayer frente al canon a las bibliotecas públicas puesto en marcha este mes de agosto que no ha habido cambios que obliguen a las mismas a pagar a los autores, ni tampoco los usuarios van a tener que pagar a las bibliotecas cuando quieran hacer uso del servicio de préstamo.

Así se desprende de una respuesta del Gobierno en el Congreso a la diputada del BNG Rosana Pérez y en la que también el Ejecutivo resaltó que la biblioteca pública no cobra por acceder a la misma o por los servicios que presta, ya que ello iría en contra su filosofía basada en el “principio fundamental de estar a disposición del conjunto de los ciudadano, sin discriminación de ninguna clase”.

Pérez recordó que el pasado 1 de agosto el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el decreto 624/2014, de 18 de julio, que recoge la obligación de pagar por el préstamo de libros en bibliotecas, museos y archivos; una norma que “asume sin rechistar” una directiva de la UE, que establece que en las bibliotecas de poblaciones de más de 5.000 habitantes, se deberá pagar un canon por los libros prestados. La nacionalista gallega preguntaba así al Gobierno por las razones que le habían llevado a establecer esta tasa, a pesar de tratarse de una directiva europea pensada para países del norte de Europa “con una red de bibliotecas ejemplar”.

“¿No cree que no es adecuada para el Estado español donde las políticas públicas en el campo de la cultura son ya de por sí muy deficientes? ¿No supone esta decisión un duro golpe para las maltrechas economías de las bibliotecas públicas, especialmente las municipales? ¿No va a suponer este canon un revés para la promoción y el acceso universal a la cultura, especialmente a los libros?”, preguntaba la diputada gallega.

más de 4.700 bibliotecas Según recordó Pérez, en España hay 4.771 bibliotecas públicas y unos 80 bibliobuses. El Estado es titular de 53 bibliotecas (aunque sólo gestiona una, la Biblioteca Nacional) y las comunidades de 70. Además, puntualizó que la inmensa mayoría de las bibliotecas son municipales, aunque la ley sólo afecta a las que están situadas en localidades de más de 5.000 habitantes (unas 1.300).

La diputada gallega señaló que la normativa implica que los usuarios podrán continuar sacando libros prestados sin coste para sus bolsillos pero resulta que por cada libro que se preste o cada usuario registrado, la biblioteca pública tendrá que abonar a las asociaciones de autores una cantidad determinada, que parte de los fondos públicos.

“Se producirán situaciones tan kafkianas como que las bibliotecas que más libros prestan verán agotarse sus fondos económicos para poder renovar sus colecciones, lo que pone en entredicho su futuro porque se verán obligadas a optar por prestar libros, pagar el canon y no actualizar sus fondos por falta de presupuesto, o por desistir de su función y dejar de prestar libros a fin de poder renovar sus fondos bibliográficos”, lamentó Pérez. “se mire por donde se mire” las consecuencias van a ser “muy negativas” para la red de bibliotecas públicas y, en consecuencia, para el conjunto de los ciudadanos. - E.P.