MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará hoy en calidad de detenidos al presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y a otros dos directivos de esta entidad, el director general Enrique Loras y el director financiero Ricardo Azcoaga. Fuentes de la Guardia Civil informaron además de que el mismo día les tocará el turno a los otros seis detenidos en la llamada operación Saga, en la que se investiga un presunto desvío de fondos a través de un entramado de empresas vinculadas a la citada entidad.

Una vez tome declaración a Bautista, Loras y Azcoaga, el juez decidirá, después de escuchar a la Fiscalía Anticorrupción y a las defensas, si cabe adoptar algún tipo de medida cautelar contra ellos como la prisión o el pago de una fianza.

Los nueve detenidos comenzaron ayer por la tarde a ser interrogados por la Guardia Civil en las dependencias a las que anoche fueron trasladados, la comandancia de Tres Cantos y un cuartel de Las Rozas, ambos en Madrid.

Antes de empezar los interrogatorios, los agentes han procedido a la lectura de los documentos intervenidos en los registros practicados el viernes en la sede de la SGAE y otros inmuebles. En esos registros, según señalaron fuentes de la SGAE, los agentes se incautaron de facturas e hicieron back-up (copia de seguridad) de "determinadas carpetas de determinados ordenadores".

Entre los seis detenidos que comparecerán hoy ante Ruz, destaca el director general de la filial digital de la SGAE -la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae)-, José Neri, a quien los investigadores sitúan como máximo responsable de la trama delictiva.

Los otros cinco tienen relación con la empresa Microgénesis, vinculada a Neri y que, según su página web, realiza trabajos de consultoría y tiene entre sus clientes a la propia SGAE. Se trata de Antonia García y Elena Vázquez, esposa y cuñada de Neri, respectivamente, así como de Eva García, Rafael Ramos y Celedonio Martín.

A todos se les imputan, de momento, delitos societarios y de apropiación indebida por haber creado una estructura societaria en torno a la Sociedad General de Autores que se habría lucrado de una beneficiosa relación económica con las entidades del denominado grupo SGAE.

Después de que los últimos agentes de la Guardia Civil abandonaran pasada la medianoche la sede de la SGAE, cuyo registro se inició a las once de la mañana, el Palacio de Longoria permaneció ayer completamente cerrado, con la única presencia de dos vigilantes de seguridad privada y sin ningún tipo de precinto judicial.

Respuestas ante la noticia La detención del presidente de la Sociedad General de Autores llevó a Izquierda Unida a reclamar que los derechos de autor sean gestionados por organismos públicos "realmente democráticos y transparentes". La secretaria federal de Comunicación Interna de IU, Amanda Meyer, anunció que, de confirmarse las imputaciones contra la cúpula de la SGAE, su partido pedirá responsabilidades a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y a todos los responsables de este Ministerio en los últimos 15 años por haber hecho dejación de funciones permitiendo la gestión de los derechos de autor a un organismo privado.

El registro de la sede de la SGAE y la detención de su presidente tampoco ha dejado indiferentes a representantes del mundo de la cultura, entre ellos el poeta Luis García Montero, que reclamó un cambio significativo en la gestión de los derechos de autor.

Más tranquilo se mostró el intérprete Juan Diego Botto, que afirmó que "cuando se produce un supuesto robo de tamañas dimensiones, hay que mantener la tranquilidad y dejar que la justicia actúe".