Donostia. La dirección de Musikene ofreció ayer su versión de los acontecimientos tras la comparecencia pública de cargos dimisionarios -en este mes se ha producido trece renuncias en la Junta Directiva-, profesores y alumnos para llamar la atención sobre la situación del Centro Superior de Música del País Vasco. La coordinadora general, Carmen Rodríguez Suso, señalada por trabajadores y estudiantes como la responsable de una gestión "despótica" que afecta a la calidad del espacio y de puertas para afuera a su prestigio, descartó dimitir y redujo el año y medio de conflicto a las "tensiones" provocadas por la "reestructuración" del centro.
Escoltada por el director académico, Juan Carlos Pérez, que no pronunció palabra, y el responsable de gestión económica, Carmelo Labirua-Iturburu, Rodríguez Suso leyó una declaración en la que se esforzó por transmitir que el centro "continúa con su marcha habitual" y desmontar la descripción "alarmante" de la situación. En la sala, además de los periodistas, figuraban decenas de alumnos con carteles que reclamaban su cese.
A su juicio, "resulta evidente que la situación actual guarda una importante relación con la reestructuración de la plantilla necesaria para redimensionar el centro y hacerlo gestionable", aseveró.
El responsable de la gestión económica advirtió que la subvención del Gobierno Vasco será cada vez más "restrictiva". "El presupuesto es menor que el año pasado y menor que el anterior y mayor que el que nos van a dar sucesivamente. Cada vez tendremos menos dinero para repartir y esto lógicamente genera tensiones dificilísimas de asimilar", argumentó. Pero "hasta que acabe el dimensionamiento que tenemos establecido", atajó Rodríguez Suso.
Con un organigrama desmantelado y los estudiantes organizando continuas protestas, Rodríguez Suso descartó dimitir porque "se debe al Patronato de Musikene" y se siente respaldada por Educación: "estamos donde estamos porque cumplimos el programa y los objetivos que se nos han marcado: racionalizar y redimensionar el centro".
La visión de la cúspide directiva y de la mayoría del profesorado y el alumnado dibujan dos líneas paralelas que nunca se cruzan. Profesores y alumnos describieron un "régimen d terror" y una "gestión unilateral". Rodríguez Suso subrayó su "disposición" al diálogo e intentó restar credibilidad cuestionando la unanimidad de los rebeldes. "Para este movimiento ha habido presiones, circulación de anónimos, emplazamientos a personas que nos han venido a decir que por favor no dijéramos su nombre porque tenían miedo de las amenazas que estaban recibiendo", señaló. La afirmación provocó la protesta airada de los estudiantes presentes. También arremetió contra los que la han atacado. Aseguró que la subdirectora de Ordenación Académica, que el jueves ejerció como portavoz de los dimisionarios, le había transmitido que hasta su llegada "Musikene vivía en medio de un lujo asiático que había que recortar".
La máxima responsable del centro retomó una y otra vez el hilo económico, pero no entró en la esencia de las críticas de su equipo. Aseguró que el trato "individual" con profesores y alumnos es "cordial". "El colectivo es quizá otra cosa", admitió. Vinculó las protestas a la campaña electoral para "buscar repercusión" y deslizó la existencia de intereses personales en su contra y resolvió las acusaciones de injerencia aludiendo a "la falta de formación burocrática" de sus subordinados.
Para explicar la actitud de los estudiantes, argumentó que pasan "muchas horas a solas con un profesor que admiran" y se "crean vínculos especiales". A su juicio, "es un factor que la opinión pública debería conocer porque afecta directamente a la situación que estamos viviendo".
