Donostia. Por contradictorio que resulte, en el Centro Superior de Música del País Vasco se ha impuesto el silencio. Tras las estruendosas protestas de la primavera pasada, en la que los alumnos de Musikene impulsaron conciertos reivindicativos, manifestaciones y recogidas de firmas para censurar las actuaciones de la coordinadora general, Carmen Rodríguez Suso, una cláusula incluida en un documento que los estudiantes deben firman para formalizar la matrícula ha acallado cualquier reproche público. La disposición ha sido ahora recurrida ante el Ararteko.

En el Reglamento de Derechos y Deberes del alumnado de Musikene se ha incorporado un artículo que sanciona como falta muy grave "los comportamientos que de cara al exterior perjudiquen gravemente la imagen y buen nombre" del centro lo que, en la práctica, imposibilita cualquier protesta. La infracción se sitúa a la misma altura que la agresión física o psíquica contra otros alumnos, profesores o personal del centro y la falsificación de documentos, y en una escala de mayor importancia que el intento de obtener mejores resultados académicos utilizando medios ilícitos. El castigo por una falta muy grave es el apercibimiento público, la expulsión de Musikene y la pérdida de la condición de alumno por un periodo no inferior a seis meses ni superior a un año, con reseña expresa en el expediente. Por ello, se ha pedido al Ararteko que dilucide la legalidad de la cláusula. El Defensor del Pueblo está recabando información del Gobierno Vasco.

El artículo extiende la sanción a las conductas que afecten a la "imagen" del centro "aun cuando hayan tenido lugar fuera del recinto o del horario escolar", no sólo si se producen "durante el desarrollo de actividades complementarias o extraescolares programadas por Musikene" sino también cuando se constate la existencia de una relación causa efecto con la actividad académica".

El reglamento reserva un apartado para sancionar como falta el "reenvío de mensajes electrónicos o documentos escritos privados procedentes de cualquier integrante de Musikene a cualquier persona o entidad que no esté especificada como destinataria". Se considerará "leve, grave o muy grave dependiendo del contenido del mensaje o documento", advierte.

también los profesores Cuando un hecho sea considerado "presuntamente como falta", la Junta Directiva nombrará un instructor, perteneciente al personal de Musikene, que "recabará cuanta información sobre los hechos le sea posible obtener, iniciándose el pertinaz expediente informativo". Pero, "de manera excepcional, cuando los comportamientos imputados sean faltas muy graves y las circunstancias en que se hayan producido revistan especial gravedad, la comisión disciplinaria podrá acordar la imposición de la sanción, previa audiencia del interesado, sin más tramité". La comisión disciplinaria, según figura en otra cláusula, está presidida por el director académico (Juan Carlos Pérez, nombrado durante el mandato de Suso), y un profesor del centro a su vez designado por el director.

Según ha podido saber este periódico, los docentes también sufren su particular ley del silencio. "Si alguien se muestra crítico o protesta en alguna reunión, le acaban cortando la cabeza", coinciden varias fuentes del centro que, por motivos obvios, piden anonimato. Rodríguez Suso "es omnipotente", se "extralimita" en sus funciones y "tiene maniatados a profesores y alumnos, no deja resquicio para la libertad", denuncian.