Madrid. La decisión por parte de la Comisión Europea de estudiar por vía ordinaria, y en consecuencia más larga, la orden ministerial de desarrollo de la Ley de Cine, lo que implica el bloqueo de las ayudas al cine español, ha desatado una verdadera tormenta en el Ministerio de Cultura y entre los agentes del sector, que se debaten entre la indignación, la preocupación por los rodajes que se van a ver paralizados y la búsqueda de responsables de haber ocasionado la nueva situación y la división entre grandes y pequeños cineastas parece ya clara. La medida de la UE ha sido recibida con normalidad por los organismos oficiales y con bastante agitación entre los cineastas.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha salido al paso del cruce de declaraciones afirmando que la orden sobre las subvenciones al cine "es la más adecuada" y, por ello, confía en que la decisión de la Comisión Europea de no tramitarla de forma urgente sólo retrase su aplicación sin variar su contenido.

González-Sinde ha explicado que la decisión en Bruselas de no aceptar la solicitud de España de tramitar por el procedimiento de urgencia esta orden que desarrolla la Ley del Cine es algo "habitual, normal" que pasa con muchos otros trámites que afectan a otros asuntos a los que no se les da tanto eco y "entraba dentro de lo previsible".

Su voluntad de no crear agitación alrededor de este cambio de rumbo en el proceso coincide con la que ofreció el portavoz de la Comisión Europea para la Competencia, Jonathan Todd, que ha calificado de "normal" el procedimiento. "España puede proseguir sus preparativos del plan de ayudas propuesto, pero no se puede conceder ninguna ayuda antes de la decisión de la Comisión", dijo Jonathan Todd.

El portavoz explicó que la investigación del Ejecutivo comunitario "no presupone que el plan sea incompatible con la legislación comunitaria" pero dejó claro que el Gobierno debe aclarar las quejas sobre el plan que han hecho llegar a Bruselas el grupo Cineastas contra la orden.

La Comisión, prosiguió Todd, no puede adoptar una decisión final hasta que reciba una respuesta de las autoridades españolas a las alegaciones del grupo Cineastas contra la orden. "Por tanto, depende de España enviar una respuesta rápida y completa", resaltó el portavoz.

Las autoridades españolas notificaron a Bruselas la orden ministerial, que regula el desarrollo de la Ley de Cine, el pasado 29 de octubre, y reclamaron a la Comisión que la aprobara mediante el procedimiento acelerado.

El Ejecutivo comunitario aceptó en principio esta demanda de acelerar la autorización. Pero el grupo Cineastas contra la Orden escribió a la comisaria responsable de Sociedad de la Información, Viviane Reding, el pasado 27 de octubre, con sus quejas sobre la orden. A raíz de estas protestas, el Ejecutivo comunitario ha decidido revertir el procedimiento acelerado y aplicar el procedimiento normal. La Comisión ya ha explicado informalmente a las autoridades españolas las alegaciones del grupo Cineastas contra la Orden y las notificará próximamente de manera formal, según dijo el portavoz.

Fapae

El presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), Pedro Pérez, aseguró que confía en que el Gobierno "se mueva con la celeridad suficiente" ante Bruselas para que ésta dé vía libre este año a la orden ministerial de la que dependen las ayudas a la producción cinematográfica, que por el momento quedan suspendidas hasta 2010.

Pérez adelantó que González-Sinde, y el director general del Instituto de la Cinematografía (ICAA), Ignasi Guardans, tratarán el tema el próximo viernes en Bruselas, coincidiendo con la Consejo de Ministros de Cultura que tendrá lugar en la capital belga. "Espero que en muy poco tiempo se restablezca la normalidad, es decir que Bruselas diga que las ayudas que se contienen en la orden son conformes a Derecho; nosotros estamos convencidos de ello", ha añadido el presidente de los productores españoles.