El Estatuto de Autonomía de Gernika, que una gran mayoría de vascos interpretó como un pacto de convivencia política, sirvió en 1979 a un triple objetivo: enmarcó el reconocimiento político del (re)acceso al autogobierno del Pueblo Vasco, configuró un modelo de relación político entre Euskadi y el resto del Estado y definió el establecimiento de poderes o competencias que correspondían a las instituciones vascas. Pero su desarrollo fue limado, disminuido, mutilado e incumplido por los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP y viceversa. La actuación política de los distintos Gobiernos del Estado ha ido encaminada obsesivamente a homogeneizar el proceso autonómico vasco con el del resto del conjunto de las autonomías. Y de vez en cuando haciendo virtud de la necesidad, y/o viceversa.
Es decir, el “café para todos” que implicaba esta homogeneización, vaciaba sustancialmente de contenido las potencialidades del Estatuto, porque además de que rompía con la concepción de un pacto bilateral entre Euskadi y el Estado, no consideraba la distinción que el propio marco jurídico vigente realiza entre nacionalidades y regiones y, porque en definitiva, de este modo, soslayaba las especificidades propias de nuestro Estatuto Vasco de Gernika respecto a otros, suponiendo ello un quebranto unilateral y grave del Pacto Estatutario. Pacto, sí, con mayúsculas. En definitiva, realmente nos hemos estado encontrando ante un proceso estatutario y transferencial que quedaba, y que queda, muy marcado por la coyuntura política española del momento, en el que se desvirtúa el carácter de Pacto inicial y sobre el que los poderes del Estado realizaban, y realizan, legislaciones para recuperar o retener toda la capacidad decisoria posible. He manifestado en varias ocasiones, y me reafirmo en ello, que soy de los que creo en la negociación, en el no impedir y en el no imponer, en el derecho a decidir de los vascos, a su concreción pactada y en la bilateralidad respetuosa entre Euskadi y España.
Pero que nadie se haga trampas al solitario, no hay más alternativas políticas que cumplir el Estatuto de Gernika, es una referencia lógica a la objetiva necesidad de planificar los objetivos y acuerdos a alcanzar, que son los mismos de siempre: el cumplimiento, renglón a renglón, de todo el Estatuto. Y por ello, y para no perder ni fe ni esperanza, espero y deseo, ciñéndonos a lo más inmediato, la transferencia rápida de tres traspasos: ferrocarriles de cercanías, homologación de títulos universitarios extranjeros y todo lo concerniente al sistema de acogida y protección. Porque ciertamente ya son más de 44 años de incumplimiento. 44 años. Pero yo quiero creer, así lo deseo, quiero creer que es una obviedad, que estamos ante un nuevo compromiso político para abordar, esta vez con carácter definitivo, el proceso de culminación de traspasos pendientes de realizar a Euskadi. Es decir, cumplir el Estatuto y hacerlo realidad. Alguien tendrá que hacer, quizás, de la necesidad virtud. Y es más habría que recordar que allá por 1993, es decir tres décadas, incluso el PP, amén del PSE, tuvieron a bien aprobar junto a los demás grupos del Parlamento Vasco el llamado “Informe Zubia” que mencionaba con todo detalle, ficha a ficha, las transferencias pendientes.
Porque habrá que recordar, una vez más que el Estatuto de Gernika debe cumplirse en su totalidad, y no por eso de haciendo de la necesidad virtud, porque no es posible tener sólo un trozo del estado de derecho, no a la unilateralidad arbitraria, sino que hay que dotar a nuestra autonomía política pactada de todo su contenido. Se trata de traspasar los medios necesarios para que las instituciones vascas ejerzan los cometidos ejecutivos que tienen asignados. Todos. Porque es Ley y no por actuar bajo eso de hacer virtud de la necesidad. Cada cual debe saber hasta dónde está maleando el cumplimiento de la ley, convirtiéndolo en mercancía política. Cumplir la ley es un objetivo democrático ineludible. Y cumplir comienza con el mismo artículo 147 de la Constitución Española, que establece que el Estatuto de Autonomía recoge las competencias que asume la Comunidad Autónoma y los mecanismos para la asunción de las funciones y servicios que requiere su ejercicio. Y el Estatuto así lo hace renglón a renglón, artículo a artículo, señalando las competencias, diseñando una Comisión Mixta para alcanzar los acuerdos precisos. De ahí la Ley del Concierto Económico vasco que regula los comportamientos en materia de financiación pública.
Porque es el Autogobierno y las políticas públicas que se desarrollan gracias a él lo que hacen es que Euskadi pueda seguir siendo Euskadi. Ser constitucionalista es cumplir cada materia contemplada y cumplir la ley en su totalidad. Sin trocearla, aunque sea haciendo de la necesidad virtud. Y no ser, y actuar, como adicto al llamado “café para todos”. Ser constitucionalista, obvio, es promover, y en todo momento, el cumplimiento íntegro y leal del Estatuto Vasco de Gernika. Es necesario, por tanto, un escenario que garantice el cumplimiento y avance de nuestro autogobierno, sin pasos atrás. Una garantía que vendría dada por la bilateralidad efectiva entre Euskadi y el Estado, al igual que en el marco del Concierto Económico. Ser constitucionalista, significa que el Estado, en toda su legislación, tenga en consideración la realidad singular foral de Euskadi amparada por la Constitución y el Estatuto sin que se sucedan nuevas invasiones competenciales. Y sin “erosiones silenciosas” y/o sin interpretaciones restrictivas e interesadas por parte del Tribunal Constitucional cual árbitro de parte. ¿De la necesidad virtud?
