Es lo que tiene eso de que los partidos nombren a los más altos cargos de la magistratura. Quizá convencido de aquello que decía su emérito padre de “en España la justicia es igual para todos”, Felipe VI ni se inmutó cuando en el solemne acto de inicio del Año Judicial salió el Gordo. Y es que en su discurso, el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el magistrado Carlos Lesmes, con sus puntillas y sus charreteras, amagó con dimitir. O sea, con un cabreo impostado, culpó a los dos grandes partidos políticos de paralizar la renovación del CGPJ. Y sin que el monarca siquiera parpadease, insisto, el jefazo de los jueces amenazó nada menos que con quitarse de en medio –del cargo, claro– para forzar el cambio si “en unas semanas” no se desbloqueaba la renovación de cargos judiciales.

La advertencia del magistrado Lesmes, por más ruido que haya producido en los medios, no es ninguna novedad. Da la casualidad de que hace un año y en el mismo acto también amenazó con dimitir, pero no fue más que un golpe de efecto. No dimitió, qué va. Y ya puesto a amagar, qué sentido tiene aplazar su dimisión a “unas semanas”, cuando podía haberlo hecho en ese solemne momento –eso sí que habría sido un bombazo– o, ya puestos, el mismo día en que debía haberse realizado la renovación, hace ya ¡cuatro años!

El magistrado Carlos Lesmes sabe de sobra que mientras en la actual composición del Consejo se mantenga la mayoría conservadora, el PP va a seguir impidiendo que se cumpla el mandato constitucional y chapoteando a sus anchas en esta justicia caducada. Perdido el poder, el truco está en judicializar la política y así los jueces, los suyos, les resolverán lo que no pudieran avalar con votos. Lo que venía haciendo con desparpajo Pablo Casado lo va a continuar Alberto Núñez Feijóo con cara de estreñido, o sea, el PP va a perpetuar en el Poder Judicial una mayoría fraudulenta, la que no obtuvo en el legislativo. La derecha lleva ya cuatro años controlando un poder que ni de lejos se corresponde con el resultado de las urnas ni con la realidad social, lo que no parece que incomode en absoluto a sus señorías apalancadas desde que el CGPJ sobrepasó su fecha de caducidad.

Secuestrada por interés partidista la justicia, sus efectos son demoledores para un desarrollo normal de la política. Asuntos que debieran resolverse en el ámbito del debate político acaban derivados a los tribunales, de forma que siempre ganará quien tenga controlada a la justicia. Y en este caso, es el PP quien lleva cuatro años pasándose por el arco del triunfo la legalidad constitucional y la propia democracia. Lo perverso, que tampoco hay que hacerse ilusiones, es que cuando de una forma u otra acabe este atasco judicial sea el otro, el PSOE, quien se beneficie de un cambio en la balanza y de una justicia caducada pasemos de nuevo a una justicia partidaria, y no la suelten aunque vuelva a caducar.