l Partido Popular ha lanzado una grave acusación que expande una tremenda sombra de duda sobre el uso y distribución por parte del Gobierno de España de los fondos europeos del Plan de Recuperación Next Generation. Si no estuviéramos demasiado acostumbrados al ruido permanente y a que finalmente nunca pasa nada, estaríamos ante una denuncia sin precedentes por las consecuencias que tendría de ser cierta. España ha sufrido una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes desde la Guerra Civil a causa de la pandemia. La solidaridad y altura de miras de la UE, nos ofrece la posibilidad de encontrar una salida a corto plazo gracias a 140.000 millones de euros que llegarán al Estado español en tres años. Usar adecuadamente esos dineros es crítico para el futuro, no solo para consolidar la recuperación, sino para lograr la transición ecológica y la transformación digital.

Las principales dudas sobre la capacidad de gestión de los fondos de la Administraciones españolas parten del informe del Tribunal de Cuentas Europeo en el que se señala que entre 2014 y 2020 España solo ha gastado el 39% de las ayudas que recibe. El 61% restante se pierde por falta de eficiencia en la tramitación, burocracias, falta de proyectos o falta de control efectivo del gasto. Solo Luxemburgo hizo un peor uso de los fondos en ese período. En estos últimos años España ha estado sujeta de forma muy rígida a las normas de control de déficit y, por tanto, de gasto presupuestario, las llamadas normas fiscales impuestas por la Comisión Europea. Ello ha impedido que las Administraciones tanto Central como Autonómica o Local, presentaran proyectos en los que la cofinanciación era relevante. Pero si ahora se sigue con esta tendencia, más de 54.000 millones de euros estarían en riesgo de perderse.

La acusación lanzada por el PP se centra en el presunto reparto discriminado de los fondos por parte del Gobierno Sánchez, primando a los líderes de su partido en los territorios, socios de legislatura y empresas amigas. Más allá de esta gruesa incriminación, es evidente es que nos la jugamos en la buena gestión de los fondos. Se trata de algo tan simple como que los proyectos no pueden ser reprobados sin que hayan sido correctamente analizados, autorizados y planificados y sin su análisis de riesgos. Para ello es fundamental disponer de profesionales formados en gestión de proyectos y programas que dispongan de las habilidades necesarias. Tanto es así que en 2008 la Comisión Europea desarrolló su propio método para gestionar proyectos, basado en las buenas prácticas y el conocimiento existente, así como en su experiencia propia: Open PM2. En él, la propia Comisión Europea reconoce y resalta la importancia que tiene a la hora de conseguir el éxito en los proyectos, disponer de un marco adecuado de gestión que permita planificar, controlar, monitorizar y disponer de la información suficiente en cada momento para la toma de decisiones.

El Gobierno se ha defendido de las críticas empleando la carta que la presidenta Von der Leyen ha enviado a Sánchez felicitándole por cumplir los hitos a los que se condicionaba el envío de fondos. Hay que aclarar que eso nada tiene que ver con la posterior fiscalización que desde Bruselas se producirá del correcto uso de los fondos enviados. De hecho, en 2021 se publicaron en torno a 400 convocatorias de subvenciones y licitaciones de contratos públicos por valor de 9.300 millones de euros, un 48% de los fondos recibidos y un 38% de los incluidos en los PGE 2021, si bien en su mayoría aún no han sido desembolsados a las empresas. Respecto a los PERTE, los proyectos estratégicos, solo están en marcha y solo dando sus primeros pasos, el PERTE VEC, el PERTE de Salud de Vanguardia y el PERTE de Energías renovables, Hidrógeno renovable y Almacenamiento. Se han asignación más de 11.001 M€ a las CC.AA. para inversión en movilidad sostenible, rehabilitación residencial, renovación de ecosistemas, capacitación digital de la ciudadanía, y formación profesional, entre otros, pero todos ellos están en inicio de tramitación. Y, por último, se ha incluído una fortísima dotación de 26.900 M€ en los PGE 2022 con cargo a los fondos del Plan y previsión de solicitud del tramo de ayudas reembolsables.