Los sindicatos se unen contra los bajos precios de las uvas en el sector vinícola

García Carrion, de Labastida, es una de las bodegas a las que se ha pedido investigar por parte de la Agencia de Información y Control Alimentario

23.12.2020 | 00:58

Laguardia – Los sindicatos ASAJA, COAG y UPA se han dirigido a la Agencia de Información y Control Alimentario con la documentación que han reunido sobre los incumplimientos que determinadas bodegas están haciendo de los contratos de compra-venta de uva que han suscrito con los viticultores. En ella, se ponen de manifiesto que la cuantía de los precios fijados en contrato es anormalmente baja y está muy lejos de cubrir los costes de producción de uva para vinificación de cada zona.

Según la información que han hecho pública los viticultores, las bodegas de las que hasta ahora las organizaciones agrarias tienen constancia que no cumplen con lo establecido en la legislación vigente relativa a la Ley de la cadena alimentaria son del Grupo García Carrión en Jumilla; Labastida (DO La Rioja) y valdepeñas; del Grupo Felix Solis Avantis en Valdepeñas y Puebla de Almoradiel y de Bodegas Gallego Laporte Wordl Wines, ésta última con uva comprada en Corral de Almaguer (Toledo).

Con esta iniciativa, ASAJA, COAG Y UPA ponen en manos de la AICA toda la información de que disponen por si la misma pudiera servir a la Agencia como indicios en cualquier actuación que pueda emprender sobre estos hechos en el ámbito de sus competencias.

Igualmente, han notificado a cada una de las bodegas los incumplimientos de los que se tiene constancia y que están relacionados con la Ley de la Cadena Agroalimentaria. En concreto por no cubrir los costes de producción, además de no haberse producido una negociación de los precios de la uva o como consecuencia no pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción, como establece la ley.

Hay que recordar que las organizaciones agrarias, iniciaron, al comienzo de la vendimia (septiembre 2020) una campaña para reclamar que no se fijaran precios de la uva por debajo de los costes de producción y pedir a las bodegas que frenaran el hundimiento de precios (30% más bajos que el año anterior). Para estas organizaciones de productores las actuaciones desleales y las coacciones se han materializado en pruebas y pueden ser constitutivas de sanción.

Informe alavés Estos problemas con los precios provocaron que el pasado 28 de octubre el pleno de Juntas Generales de Álava aprobara una moción en la que se insta a la Diputación Foral de Alava a que en el plazo de cuatro meses realice un informe técnico pormenorizado sobre los costes del cultivo en viñedo de Rioja Alavesa en una explotación de tipo medio, en los modelos productivos de vaso y espaldera.

Junto a ello se decidió instar a la Agencia de Información y control Alimentario (AICA) al control de los derechos y obligaciones establecidos en la Ley de cadena alimentaria, instruyendo o iniciando el procedimiento sancionador si detecta infracciones a la misma, e incrementando las inspecciones de oficio en colaboración con las Comunidades Autónomas y las organizaciones profesionales agrarias.

También se aprobó que las JJGG pidiesen al Gobierno Vasco a que en las bases reguladoras de las ayudas a la transformación y comercialización que reciban las bodegas se tenga en cuenta el porcentaje de uva producida en Rioja Alavesa que destinan a la elaboración de los vinos.

Por último, la moción aprobada pedía que Diputación y Gobierno vasco asesoren, formen y faciliten, usando todas las herramientas a su alcance, a las personas viticultoras para que mejoren los rendimientos económicos, sociales y medioambientales.