Vitoria. El Ministerio Fiscal y el letrado de la Diputación de Álava han mantenido sus acusaciones contra el exdirector del yacimiento romano de Iruña-Veleia Eliseo Gil por falsificar grafitos en una actuación "premeditada" que han calificado de "criminal", "barbaridad" y "aberración".

Álava "ha sufrido un daño irreparable en su patrimonio", ha resumido el letrado de la entidad foral durante la presentación de los informes finales de las partes en la última sesión de este juicio que arrancó el pasado día 3 en el Juzgado de lo Penal 1 de Vitoria y que este miércoles quedará visto para sentencia.

La Fiscalía pide cinco años y medio para Gil como autor de un delito continuado sobre el patrimonio histórico y otro de estafa en concurso con el delito de falsedad en documento privado, con la alternativa de que el exdirector del yacimiento pueda ser considerado autor por omisión de esos delitos.

La Diputación de Álava se ha sumado a esta alternativa introducida por la Fiscalía pero ha mantenido su solicitud de cárcel para Gil que asciende a siete años y medio.

Durante su exposición el fiscal ha estimado que ha quedado probada la falsificación de 291 piezas en este yacimiento romano en base al "contundente" informe elaborado por el geólogo del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), que en su testimonio en el juicio habló de "burdas" falsificaciones y aseguró que se localizaron restos de acero común e incluso inoxidable en los surcos de los grafitos.

Ha puesto en valor también la declaración de los arqueólogos que trabajaron en el yacimiento en el momento en que aparecieron los supuestos grafitos excepcionales y que de forma "muy tajante" aseguraron que nunca vieron piezas grafitadas en el momento de salir de la tierra y que todos ellos aparecían tras el lavado de las piezas.

El Fiscal ha mantenido su tesis inicial de que Gil es el autor de esos grafitos falsos pero ha indicado también que en este caso es "independiente" que él mismo los hiciera o que encargara a otros la falsificación.

Ha recordado que Gil tenía una situación de "dominio" sobre las piezas como responsable del yacimiento y que a pesar de que colaboradores suyos le instaron a verificar esos hallazgos él "no hizo nada" y en una "huida hacia adelante" los presentó en público en 2006 como históricos porque, entre otras cosas, adelantaban al siglo III la aparición del euskera y la entrada del Cristianismo.

Para la Fiscalía esa forma de actuar demuestra que estaba al tanto de esas falsificaciones.

En la misma línea se ha manifestado el letrado de la Diputación alavesa quien ha asegurado que la autoría de Gil "es clara, clarísima, de propia mano" y lo ha acusado de actuar de forma "premeditada", mediante "actos y omisiones".

Ha remarcado que los arqueólogos que trabajaron con él han insistido en el juicio en que "avisaron por activa y pasiva" de que el método de trabajo era "incorrecto" y Gil no hizo nada.

"Nadie podía esperar que se cometiese una barbaridad" así, y además por parte de quien tenía la responsabilidad del yacimiento, ha añadido el letrado de la acusación particular.

Ha puesto también en valor el informe del geólogo del IPCE, cuyas conclusiones ve "aplastantes".

"No hay ninguna duda en la burda falsedad de los grafitos", ha zanjado el letrado quien ha asegurado asimismo que "se falsificó tanta cantidad y había tanta prisa" que incluso se "repararon los errores", al recordar que los grafitos incluían letras que no existían en el alfabeto romano arcaico, como la Y que fueron convertidas en X, según explicó el geólogo del IPCE.

La acusación particular ha asegurado además que existe "prueba plena y múltiples indicios", que son "apabullantes", de que Gil es el autor de esos grafitos falsos.

Las dos acusaciones han echado por tierra la capacitación y los informes elaborados por el otro procesado en la causa, Rubén Cerdán, para acreditar la autenticidad de los grafitos, que han calificado de "pura literatura".

El Ministerio Público pide dos años y medio de cárcel para este por estafa y la Diputación tres años y nueve meses.

"Los dos juntos han dañado el patrimonio por acción o por omisión" y se han beneficiado económicamente, ha asegurado la acusación particular.