El Concejo de Labraza y las plataformas Arabako Errioxa Bizirik, Arabako Mendiak Aske y Araba Bizirik han exigido este sábado la paralización inmediata de la central eólica de esta localidad a la espera de una resolución judicial sobre los recursos presentados contra ella.

El pasado jueves el Gobierno Vasco anunció el inicio de la construcción de este parque eólico en el municipio de Oion, el primero que se acomete en Euskaadi desde hace veinte años.

Este proyecto está impulsado por Aixeindar, la sociedad público-privada, participada por Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía, que tiene previsto invertir 59 millones de euros.

Las primeras tareas que se van a realizar con ese montante tras obtener las licencias correspondientes â Declaración de Impacto Ambiental, Autorización Administrativa, Declaración de Utilidad Pública, Declaración de Montes de Utilidad Pública y las respectivas licencias de obra de Oion y de Aguilar de Codés (Navarra)â se han adjudicado a la firma navarra Ecay.

Exigen la paralización de las obras de la central eólica de Labraza (Álava) Cedida

En  una comparecencia pública, representantes del Concejo y de estas plataformas han recordado que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido a trámite dos recursos interpuestos contra la autorización administrativa previa y contra el plan especial.

Por ello, han exigido al Ayuntamiento de Oion que "asuma su responsabilidad y suspenda toda actividad relacionada con el proyecto hasta que los tribunales se pronuncien".

Han alertado de que esta infraestructura pone en "serio riesgo la forma y la calidad de vida" de los vecinos y que provocará una desforestación significativa, afecciones a la avifauna y una alteración irreversible del paisaje y los ecosistemas de la zona.

Los portavoces han denunciado que este proyecto responde al "interés privado del oligopolio energético" y no a una planificación responsable y han señalado directamente a EH Bildu en la Alcaldía de Oion por haber cambiado de postura de la oposición inicial a facilitar la tramitación "escudándose en un imperativo administrativo" que han considerado "inexistente".