La viceconsejera de Administración y Financiación Sanitarias, Lorea Bilbao, ha anunciado que espera que para antes del 30 de noviembre se hayan resuelto los problemas en el servicio de ambulancias no urgentes y de emergencias de Bizkaia y Álava, que en la actualidad presta la empresa La Pau, y cuya solución pasará, previsiblemente, por nuevas y "más estrictas" licitaciones para que sean otras las empresas que asuman esta labor.
Bilbao ha informado, además, de que el Departamento de Salud publificará el servicio de ambulancias de Soporte Vital Avanzado de Gipuzkoa, que en la actualidad --y a diferencia de lo que ocurre en los otros dos territorios, donde ya lo presta la propia Osakidetza directamente-- está adjudicado a una empresa privada.
La viceconsejera, que ha comparecido en el Parlamento Vasco a petición de EH Bildu para informar sobre la situación del servicio de ambulancias que presta La Pau en Bizkaia y Gipuzkoa, ha explicado que desde finales de julio "las cosas han empeorado" en esta empresa, que ya ha comunicado que ha habido problemas para el pago de algunas nóminas a sus trabajadores debido a que su situación económica "ha empeorado".
Además, ha señalado que La Pau "no ha prestado o no lo ha hecho en las condiciones debidas" determinados servicios, y que incluso ha tenido ambulancias "fuera de servicio" debido a "diversas razones".
La viceconsejera, que ha defendido la legalidad del procedimiento empleado para adjudicar los servicios de ambulancias no urgentes y de emergencias que en la actualidad presta esta empresa, ha reconocido la "preocupación" que existe en seno del Departamento de Salud y en Osakidetza ante la situación que se está produciendo en el servicio y en el funcionamiento interno de la compañía.
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Bilbao, que ha recordado que ya se han impuesto a la empresa varias sanciones por el incumplimiento de algunas de las condiciones del contrato, ha anunciado que se designará una comisión para realizar un seguimiento "más estrecho" sobre el cumplimiento de los requisitos contractuales por parte de la adjudicataria.
En este sentido, ha explicado que parece "difícil" que la empresa pueda cumplir con los compromisos contemplados en el nuevo convenio, que incluye mejoras salariales para los trabajadores.
Ha señalado que para este próximo martes está prevista una nueva reunión con el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) y con la propia La Pau.
"Queremos que la empresa diga claramente si reúne todas las condiciones para poder prestar el servicio, entre ellas, respetar o cumplir con las condiciones laborales del personal", ha afirmado la viceconsejera, que ha advertido de que también reclamarán a la compañía que aclare "si pretende marcharse" de Euskadi --tal y como ya ha trascendido a través de algunas informaciones-- y dejar de prestar los servicios que tiene adjudicados.
De esta forma, ha reconocido que "si no hay sorpresas", finalmente serán otras las empresas que habrán de encargarse de prestar este servicio.
Con ese fin, ha anunciado que se prevé realizar nuevos contratos y licitaciones para adjudicar los distintos servicios que hasta ahora presta esta compañía, que según ha indicado incluirán condiciones "más estrictas" para el adjudicatario. En todo caso, se ha comprometido a que para antes del 30 de noviembre "todo esto esté resuelto en beneficio de todas y todos".
PROBLEMAS "MUY GRAVES"
Por su parte, la parlamentaria Rebeka Ubera ha denunciado que lo que está ocurriendo con esta empresa "es muy grave", aunque ha afirmado que "hace años" que existe este problema.
Ubera ha criticado que, con independencia de que sean "legales o ilegales", se están llevando a cabo prácticas por parte de la empresa adjudicataria que "desde luego son inadecuadas". Además, ha advertido de que es "responsabilidad" del Departamento de Salud "asegurar que se cumplen las condiciones" planteadas en el contrato adjudicado a La Pau.
