- La separación de caminos entre el Ayuntamiento de Gasteiz y la todavía prestataria del servicio de limpieza (FCC-GMSM) se produce de manera anticipada sin esperar a la conclusión natural, estipulada para 2023 con la posibilidad de una prórroga para dos ejercicios más que se incluyó en el documento rubricado en 2015. El proceso burocrático ha sido complicado y se ha alargado hasta llegar a los tres años transcurridos desde el momento que se acometió la decisión de rescindir, de mutuo acuerdo, el contrato hasta llegar a una segunda licitación del servicio, que ha sido finalmente la que ha derivado en un cambio de manos en la limpieza.

Ambas partes se pusieron manos a la obra en octubre del año 2018 y han tenido que mediar también una serie de agentes externos, como la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA) o el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi (OARC), para deshacer la madeja. La intervención del primero de ellos se convirtió en un trámite necesario porque la ley establece que en Euskadi en los expedientes de resolución de un contrato se debe pedir un informe a esta comisión cuando exista oposición entre la contrata y la administración. El posicionamiento final de la COJUA marcó el camino a la institución municipal para que, en octubre de 2018, iniciara el proceso de rescisión incoando un expediente incidental de resolución por mutuo acuerdo. Se aferró la institución municipal al artículo 223 C de la Ley de Contratos que posibilita su resolución si existen razones de interés público que justifiquen la medida. “Un contrato esencial para Gasteiz no está funcionando de manera correcta y viene arrastrando dificultades”, explicó en aquella ocasión el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, al dar cuenta del camino emprendido.

En diciembre de 2018 cristalizó y se oficializó esa rescisión de mutuo acuerdo entre el Consistorio y FCC-GMSM para dar paso a un nuevo documento que permitiera “mejorar el servicio y que Gasteiz esté más limpia y mejor”, concretó el jeltzale Iñaki Gurtubai, por aquel entonces coordinador general del área económica del gabinete Urtaran. Se desbrozó el camino para arrancar una nueva licitación y mejorar los pliegos que evitarán nuevos enconamientos en las posturas de uno y otro bando.

En mayo de 2019 se alumbró el pliego de condiciones para optar a ejecutar el servicio. Medio año después de iniciado el proceso, los técnicos municipales recomendaron declarar desierto el concurso y abortar la adjudicación. Argumentaron “incumplimientos” de las condiciones exigidas en el pliego de prescripciones técnicas y en el de cláusulas administrativas por parte de las tres. Hubo que volver a convocar otro concurso, que situó a Cespa-Onaindia como firma ganadora aunque FCC aún amenaza con recurrir a la Justicia.

La primera licitación quedó desierta al apreciar incumplimientos técnicos en las tres empresas que concurrieron al concurso

La adjudicación a Cespa-Onaindia fue recurrida por FCC, que dispone aún hasta finales de octubre para acudir a la Justicia