VITORIA. En un comunicado, la concejala de la coalición Gemma Zubiaurre ha explicado que esta moción, que defenderá en el próximo pleno municipal, tiene en cuenta la situación de "numerosas vecinas de origen extranjero que viven en Vitoria y se encuentran en situación administrativa irregular".

"Aunque las comunidades autónomas no tienen asignadas competencias en materia de extranjería, sí son propias las competencias en materia de integración social y también son muchas las iniciativas que se pueden poner en marcha desde los Ayuntamientos en este sentido", ha defendido.

Según Zubiaurre, "a muchas personas en esta situación, la ley de extranjería no deja otro camino más que sobrevivir durante tres años en situación administrativa irregular", lo que "implica la exposición a posibles detenciones, expulsiones o sanciones administrativas económicas que, sin duda, dificultan su inclusión".

"Además, durante este tiempo, estas personas desarrollan su vida en situación de riesgo, precariedad e inseguridad. Esta realidad es cada vez más frecuente en Euskadi y, por ello, precisa de una respuesta por parte de los partidos políticos", ha defendido.

La propuesta de Elkarrekin Vitoria plantea la creación de una tarjeta de vecindad, denominada 'Hemengoa naiz', "que permita facilitar el arraigo y el empadronamiento de las personas que se encuentran en situación irregular, así como el acceso a servicios y recursos municipales que sustituya en aquello en que no sea legalmente indispensable el documento identificativo en vigor".

Según ha explicado, su propuesta está "inspirada" en los modelos de las ciudades de Madrid, Barcelona o Valencia, "como herramientas que permitan facilitar el acceso al arraigo de estas personas, adaptando la propuesta a la realidad de Euskadi y facilitando de ese modo, la inclusión de las personas migrantes y refugiadas".

"La iniciativa del documento de vecindad "Hemengoa naiz" está enfocada a consolidar la permanencia y arraigo de estas personas, posibilitar y facilitar el acceso a la documentación administrativa que autoriza la residencia y/o el trabajo en el Estado, al tiempo que puede ser utilizado como mecanismo de defensa en los procedimientos de internamiento en CIE y/o expulsión", ha indicado la concejala.