vitoria - La Ley 20/1997 para la Promoción de la Accesibilidad supuso un hito fundamental en el camino hacia la supresión de las barreras urbanísticas y arquitectónicas, resultado además de la colaboración entre las instituciones públicas, los agentes responsables de este tipo de políticas y los colectivos que representan a las personas con discapacidad. Y por descontado, de largos años de reivindicación de estos últimos. La norma cumplió 20 años el pasado mes de diciembre, pero a pesar de su ya largo recorrido, las personas con diversidad funcional siguen enfrentándose en su día a día con múltiples barreras que deberían ser incompatibles con ella: Éstas se extienden por todo tipo de entornos urbanos y espacios públicos, edificios, comercios, lugares de ocio y tiempo libre, medios de transporte... Carencias que más allá de contravenir una ley excluyen de la sociedad a una parte muy importante de ella.
“Las cosas han mejorado durante este tiempo porque estaban horriblemente mal. Había problemas en todos los ámbitos: Para entrar a cualquier edificio público, para coger un transporte... Eran barbaridades urbanísticas que en muchos casos se han ido paliando, pero que todavía se siguen viendo”, contextualiza en este sentido el portavoz de Eginez, Igor Nabarro, que se cita con DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA en el centro cívico de Salburua. Un equipamiento público de nueva construcción -se inauguró en 2015- que en pura teoría debería reunir las condiciones para considerarse 100% accesible. ¿Pero lo es? “Estamos ante un ejemplo de edificio con carencias de accesibilidad importantes, debido a la premura con que se inauguró”, recuerda Nabarro echando la vista atrás.
Fue, cabe recordar, durante una suerte de acto-visita del exalcalde Javier Maroto en plena campaña electoral para las últimas municipales. “No se tomaron en cuenta todas las recomendaciones que se hicieron y las carencias ahí siguen”, insiste Nabarro. Empezando por la entrada de los baños, “que no cumple con la normativa”, siguiendo con las pendientes alrededor del edificio, “superiores” a lo que permite la propia ley, y terminando por la estructura acristalada y las puertas internas del edificio, que carecen de diferencias cromáticas para que puedan ser distinguidas por las personas con dificultades de visión. “Lo más grave es que hablamos de un edificio público y que no es el único ejemplo. Que las instituciones públicas sean las mayores incumplidoras de una ley que deben cumplir y hacer cumplir crea paradojas”, lamenta el portavoz de Eginez. Infraestructuras de nuevo cuño como el edificio de consultas externas del Hospital Universitario de Álava (HUA), las nuevas oficinas municipales de San Marín o incluso el centro cívico de Zabalgana, inaugurado el pasado mes de septiembre, tampoco se libran del tirón de orejas del colectivo.
“Lo que más nos toca es que haya inauguraciones con incumplimientos tan claros de la ley. Es una cuestión de respeto”, enfatiza Nabarro. Por no hablar de los edificios antiguos... El palacio Villa Suso, según el portavoz de Eginez, ejemplifica una de las honrosas excepciones a la regla de que la mayoría de edificaciones históricas incumple la ley. “Tras mucho insistir se han acometido allí unas obras de accesibilidad y no ha pasado nada. Ahora, Villa Suso reúne unas características mínimas para ser utilizado en igualdad de condiciones”, celebra Nabarro.
Según los últimos datos hechos públicos por el colectivo Elkartean, la Confederación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica del País Vasco, el 20% de los municipios de la CAV ni siquiera ha aprobado un Plan de Accesibilidad, al tiempo que en otros muchos casos, aún contando con él, ya no se encuentra en vigor. Además, son también numerosas las carencias encontradas en edificios públicos a los que la ciudadanía debe acudir a a realizar trámites administrativos. Según un informe del Ararteko, un 22,4% presenta todavía una accesibilidad limitada. Por otro lado, cerca de un 80% de los entornos peatonales de las infraestructuras ferroviarias de la CAV son también inaccesibles. “Hablando en global, hemos avanzado en edificación, en urbanismo y también en transporte, pero porque no podía ser de otra manera”, subraya de nuevo Nabarro.
“obsoleta” Pese a tratarse todavía de una ley válida en muchos de sus aspectos, el portavoz de Eginez pone voz a una reivindicación compartida por todo el tejido asociativo volcado en la ayuda a las personas con discapacidad, la necesidad de una revisión de la norma para acabar con muchos de sus vacíos legales. “Muchos de sus puntos siguen estando vigentes, pero se ha quedado obsoleta debido al desarrollo social, del diseño o de la demografía, que exigen darle una vuelta”, expone Nabarro. Una exigencia que ya se ha trasladado en numerosas ocasiones al Gobierno Vasco. Elkartean, en el marco del 20 aniversario de la normativa, puso de nuevo sobre la mesa la necesidad de realizar una evaluación exhaustiva de la ley y, en su caso, abordar su actualización en los aspectos que permitan avanzar “en la garantía estricta del principio de accesibilidad universal y de diseño para todas las personas”. Nabarro, precisamente, hace hincapié en que esa accesibilidad universal no sólo beneficia a las personas con diversidad funcional “sino a la sociedad en su conjunto”, en alusión por ejemplo a las personas mayores y a los problemas de movilidad que suelen padecer. El portavoz de Eginez se felicita porque, al menos, durante este tiempo la accesibilidad ha pasado a ser “un elemento muy importante en el debate público, cuando antes era irrelevante”. “Y la sociedad se ha dado cuenta”, zanja.
Aniversario agridulce. La ley vasca 20/1997 de Promoción de la Accesibilidad cumplió 20 años el pasado mes de diciembre y, a pesar de su ya largo recorrido, las personas con diversidad funcional siguen enfrentándose en su día a día con múltiples barreras que deberían ser incompatibles con ella: Éstas se extienden por todo tipo de entornos urbanos y espacios públicos, edificios, comercios, espacios de ocio y medios de transporte.
Margen de mejora. Las mejoras han llegado a lo largo de este tiempo a las edificaciones, el urbanismo y también al transporte, pero el margen sigue siendo evidente. La confederación Elkartean, coincidiendo con el 20 aniversario de la normativa, volvió a poner sobre la mesa la necesidad de realizar una evaluación exhaustiva de la ley y, en su caso, abordar su actualización en los aspectos que permitan avanzar “en la garantía estricta del principio de accesibilidad universal y de diseño para todas las personas”.
El portavoz de Eginaren Eginez reconoce que la ley “ha ido paliando” con el tiempo numerosas deficiencias, pero remarca también que “hay que darle una vuelta” para adecuarse a las necesidades actuales de las personas con diversidad funcional.
20%
Dos de cada diez municipios de la CAV ni siquiera han aprobado un Plan de Accesibilidad, al tiempo que en otros muchos casos, aún contando con él, ya no se encuentra en vigor.