Lapuebla - Los vecinos de La Puebla de Arganzón acudieron ayer al Ayuntamiento ante la preocupación generada por la ocupación, al parecer por parte de tres familias, de dos viviendas de la localidad situados en la calle Concepción.

Desde primeras horas de la mañana, ése era el tema de conversación en los bares y en la calle. En La Flor del Trigo, un vecino cuenta que “lo que ha ocurrido en La Puebla va a marcar a la gente mayor del pueblo, que nunca ha vivido una cosa como ésta”. Otros, en el bar La Plaza, hablan de pedir a la Guardia Civil que bloquee con sus coches los accesos a las casas, para presionar su desalojo. Otra joven, de otro bar en la plaza, transmite que cuando cierre de madrugada el local regresará a su casa con temor cuando hasta ahora lo hacía tranquilamente. La clave para entender y conocer lo que está ocurriendo está en la asamblea vecinal convocada ayer por el alcalde, Roberto Ortiz,que no pudo celebrar un Pleno extraordinario como había intentado la víspera porque la secretaria municipal no se encontraba en la localidad.

A la convocatoria asistió un gran número de vecinos, tanto que se celebró en otra sala más grande puesto que el salón de Pleno es bastante más reducido de espacio. Intervino en primer término el alcalde para anunciar que el miércoles ya había hablado con el delegado del Gobierno en Burgos y había informado a la comandancia de la Guardia Civil de Vitoria y se había dotado a la localidad de protección por parte del instituto armado desde esa misma tarde. Asimismo, informó de que había contactado con los propietarios de una de las casas, mientras que aún no había podido hacerlo con los del otro inmueble, que viven fuera del pueblo.

Tras él fueron interviniendo los numerosos vecinos que se habían concentrado en la Casa Consistorial y así se supo que ya el viernes de la pasada semana un vecino había visto un coche aparcado delante de la puerta de uno de los edificios y a un individuo dando patadas a la misma. Le extrañó, pero pensó que se trataba del propietario tratando de abrirla. La siguiente sospecha surgió el lunes, cuando una vecina vio luz en el interior y, al extrañarse, avisó a la Guardia Civil, que se acercó desde Vitoria a La Puebla y estuvo llamando a la puerta, pero nadie le atendió. Finalmente, el miércoles fue cuando se produjo la ocupación de los dos edificios. El trasiego de coches y personas llamó la atención de los vecinos que avisaron al alcalde y éste a la Guardia Civil.

Roberto Ortiz fue hasta el lugar protegido por los agentes y, según afirmó ayer mismo en la asamblea a los vecinos, se tratarían de familias de etnia gitana, aunque las autoridades policiales no han confirmado públicamente este extremo. El alcalde relató que les pidió que abandonasen los edificios, momento en el que uno de los ocupantes, al parecer, se encaró con Ortiz. También se contó en la asamblea, y lo hizo la propietaria de uno de los edificios, que habló con uno de los okupas y éste le dijo que si les daba 500 euros se irían. La Guardia Civil le aconsejó que no entrara en ese juego y ayer le volvieron a pedir dinero por dejar la vivienda, esta vez 1.500 euros, señaló.

Otros de los asistentes narraron que los ocupantes habían sacado numerosos enseres de los edificios y los habían arrojado a unos contenedores de basura que se encuentran cerca. Hasta allí fueron varias personas para tratar de recuperar lo que no estuviera roto para guardarlo y podérselo entregar a sus legítimos propietarios, pero en el lugar quedaron ropas, almohadas y otros objetos ya rotos.

Con este panorama, la asamblea decidió realizar concentraciones diarias por la tarde.

vigilantes Asimismo, se ha pedido a los vecinos que estén vigilantes ante la presencia de perros potencialmente peligrosos o de vehículos que les inspiren sospechas y que es esos casos avisen inmediatamente a la Guardia Civil al teléfono 945 37 30 12. También se ha alertado de la importancia de mantener la calma y no responder a eventuales provocaciones.

Hoy viernes, a las diez de la mañana, se verá en los juzgados de Vitoria la primera demanda por la ocupación de uno de los edificios y de la respuesta judicial que emane de esa vista se podrá facultar o no a la Guardia Civil para tomar medidas encaminadas al desalojo de los edificios ocupados.