Vitoria - Con el eco de la huelga de los socorristas resonando aún en la memoria, el siguiente colectivo que amenaza con plantear posibles movilizaciones es el de los Bomberos de Vitoria. Ayer, con el parque de Agirrelanda como telón de fondo, los trabajadores del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, SPEIS, escenificaron una protesta con carteles y consignas coreadas -”Langileok borrokan”- que permite intuir cuál puede ser el próximo quebradero de cabeza del Ayuntamiento. Fundamentalmente, sus reivindicaciones pasan por mejorar la organización interna definiendo mejor las funciones de cada categoría, potenciar la formación, darle una vuelta de tuerca a la Oferta Pública de Empleo que plantea el Consistorio para que resuelva de forma más eficaz la falta de recursos del cuerpo y, finalmente pero no por ello menos importante, que el gobierno municipal recule en su decisión de anular las primas de jubilación.
Una resolución, esta última, que vulnera directamente el convenio a juicio de sus representantes laborales. En función del resultado de las reuniones que los sindicatos mantengan con los responsables municipales de Función Pública y Seguridad Ciudadana, decidirán sus próximos pasos. Después de que ayer se aplazara el primero de los encuentros “por problemas de agenda”, circunstancia que disgustó a los enlaces sindicales, está previsto que hoy, a las 10.30 horas, se produzca la primera entrevista para tratar de acercar posturas entre el colectivo y el Ayuntamiento.
“En la asamblea de trabajadores, el otro día se habló de tomar algún tipo de medida de respuesta, pero según vayamos recibiendo respuestas de Seguridad Ciudadana y Función Pública convocaremos una nueva asamblea y se tomarán las medidas que se consideren oportunas”, explicó ayer Edurne Ruiz de Egino, representante del sindicato ELA. Una de las principales reivindicaciones que, planteó, motivan esta solicitud de negociación es el “conflicto” existente entre las funciones de las diferentes categorías que conforman el SPEIS y que emana de la existencia de múltiples documentos oficiales “que en tiempos, motivos y circunstancias diferentes han abordado dichas funciones”. “El catálogo de funciones y tareas no está específicamente marcado dentro del SPEIS y está dando lugar a indefiniciones. Durante una intervención, falta tener bien claro quién tiene el mando operativo. Exigimos que las condiciones estén bien claras y que haya un reglamento interno en el que se precise cuáles son las funciones y tareas de cada categoría”, amplió.
El amplio abanico de documentos que abordan las funciones de los mandos queda integrado actualmente por órdenes de servicio, procedimientos de intervención, funciones detalladas en OPEs, planes de autoprotección, informes jurídicos, sentencias de primera instancia y el catálogo de funciones de puestos del Ayuntamiento. Un exceso de directrices que confunde, crea contradicciones y desajustes según quienes deben trabajar con ellas.
Dentro del capítulo de la formación, la segunda de las exigencias planteadas por el colectivo, “se reclama una formación mínima para toda la plantilla con la elaboración de un plan de formación para cuatro años y con un compromiso de seguimiento de dicho plan”.
ope Con respecto a la OPE, los sindicatos consideran que el procedimiento ya iniciado por el Ayuntamiento resulta “insuficiente”, dado que “no soluciona los problemas de interinidad existentes”. “La única forma de solventar este problema sería iniciar el proceso con una promoción interna en cascada, de manera que las vacantes dejadas por quienes opten a puestos superiores se sumen a las plazas para esa OPE”, indicaron los representantes de ELA, LAB y CCOO. Asimismo, subrayaron que en la actualidad un tercio de los puestos de suboficiales y casi la mitad de los puestos de cabos se cubren en comisión de servicios, “por lo que se podría ampliar el número de puestos de bomberos a cubrir en otros 9”.
Tampoco la forma en la que se ha convocado la OPE convence a los sindicatos, que criticaron que el borrador de las bases se entregó en abril, “a toda prisa y sin apenas plazo para realizar alegaciones”. Pese a que ya ha transcurrido un tiempo desde que se inició, dichas alegaciones aún no han sido respondidas y, según aseguraron, “el número de puestos a convocar se ha aprobado en Junta de Gobierno sin mediar negociación alguna”.
En relación con la reclamación de las primas de jubilación, los representantes de los trabajadores consideraron “muy grave” la decisión del equipo de gobierno de no aplicar un artículo recogido en el convenio vigente. En este sentido, afirmaron que dicha vulneración se ha llevado a cabo “de forma unilateral, sin negociación y sin ningún tipo de información a la representación sindical”, y recordaron que cualquier modificación del citado convenio debe ser consensuada con el comité.
Finalmente, los sindicatos aludieron al convenio entre el Consistorio y los Bomberos de Álava para la prestación del servicio de extinción de incendios en Álava. “Desconocemos cómo se está llevando a cabo la negociación, aunque no es la primera vez que el Ayuntamiento negocia un convenio a espaldas de la representación sindical”, concluyeron.
Contradicciones. El exceso de documentación con directrices ha provocado “contradicciones, desajustes e, incluso en ocasiones, posibles interpretaciones interesadas”.
Indefinición. Los Bomberos subrayan que “la indefinición y la ambigüedad no son deseables para ningún servicio profesional de emergencias”.
OPE general. El comité y la plantilla reclaman una OPE general con las plazas ocupadas por interinos. Unos 1.000 puestos entre vacantes y programas.
