vitoria - Hace unos meses el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anulaba los contratos firmados por Agurain, Amurrio y Legutio para la externalización del servicio de inspección de tributos, enterrando definitivamente, tras la demanda presentada por la Abogacía del Estado, la polémica privatización de un servicio que según la Justicia no puede ser acometido en forma alguna por empresas privadas. Destapados en febrero de 2014 por este periódico, los casos de estos ayuntamientos alaveses, a los que la Delegación del Gobierno puso el ojo desde los primeros compases, acumularon un largo periplo por los juzgados hasta la sentencia del TSJPV.

Los consistorios justificaban la externalización del cobro de tributos a las empresas de la zona en su escasez de recursos para acometer esas labores de inspección fiscal y perseguir así el fraude, con casos en los que los datos municipales sobre las firmas sumaban años desactualizados, lo que, entre otros motivos, supone que los municipios vean reducidos sus ingresos por esta vía. Para evitarlo y mejorar los acuerdos que unen a los ayuntamientos con la Diputación en este terreno, el ejecutivo alavés trabaja en la elaboración de una Norma Foral sobre la que el diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, José Luis Cimiano, informará el lunes a las Juntas Generales.

El proyecto, al que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, se fundamenta en un convenio de colaboración entre la institución foral y los ayuntamientos para la inspección del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), mediante la firma de un acuerdo, al que cada municipio podrá acogerse de forma voluntaria, con el objetivo de “facilitar la inspección” de los dos tributos citados que gestiona cada ayuntamiento, así como “mejorar su eficacia”.

El pasado 20 de mayo, el diputado de Hacienda envió una carta a todos los ayuntamientos del territorio para trasladarles la posibilidad de entablar “una colaboración, mediante la firma del correspondiente convenio, atendiendo a las necesidades propias de los ayuntamientos interesados y permitiendo una mejora en la eficacia de la gestión e inspección de dichos tributos”, explica Cimiano a los municipios en la citada misiva. Hasta la fecha, diez ayuntamientos se han interesado ya por cerrar un acuerdo.

Entre otras cuestiones, el documento establece la creación de una comisión de coordinación y seguimiento con cada ayuntamiento, formada por dos representantes nombrados por el Departamento de Hacienda y otros dos representantes designados por el municipio. La Diputación, según se recoge en el documento, se hará cargo, de solicitar a cada ayuntamiento todas las funciones que implica la inspección tributaria “con la información que estime necesaria”.

importe El acuerdo, que para los consistorios que quieran ponerlo en marcha este curso tendría un periodo de vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2017 -renovable de forma automática cada año si las partes no se oponen-, establece “como compensación por el coste que implica la inspección tributaria asumida por la Diputación” que cada ayuntamiento deberá abonar a la institución foral “un 40% de los importes de las deudas tributarias y sanciones que se liquiden y se cobren como consecuencia de dichos procedimientos”. En los contratos sellados la legislatura pasada por Agurain y Legutio, ambos con la firma vizcaína Gesmunpal, ésta podía quedarse con hasta el 70% de las cantidades recaudadas a las empresas, en el primer caso, o hasta el 60% en lo que al segundo municipio respecta, cuando la inspección suponía además la incorporación de las empresas al padrón fiscal.