El Ayuntamiento de Vitoria exigirá a todos los empleados que trabajen con menores un certificado que acredite que no están incluidos en el registro central de delincuentes sexuales.
Vitoria. Esto afectará al personal de las escuelas infantiles, de la Academia Municipal de Folklore, al Conservatorio de Danza José Uruñuela, la Escuela de Música Luis Aramburu, así como a la plantilla de servicios de Infancia y Juventud.
Este certificado también se solicitará a los empleados de aquellas empresas que prestan servicios para el consistorio en los que hay contacto con menores, según ha informado hoy en una nota de prensa el Ayuntamiento de Vitoria.
El objetivo es que todos los departamentos municipales que trabajan con menores utilicen este registro a la hora de verificar que su personal carece de antecedentes penales de este tipo.
El pasado 1 de marzo se hizo oficial la creación de este registro -que se deriva de la entrada en vigor de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia el pasado mes de agosto- concebido para evitar que los condenados en firme por delitos sexuales realicen actividades, trabajos o labores de voluntariado en las que estén en contacto con menores.
La Ley establecía un plazo de seis meses para poner en marcha la medida, que se ha hecho efectiva esta semana. El departamento de Función Pública del Ayuntamiento de Vitoria ha organizado ya una reunión técnica con las diferentes áreas y organismos autónomos municipales para establecer la metodología de uso de este registro.
"Vitoria tiene una trayectoria ejemplar a la hora de proteger los derechos de los menores, garantizar su bienestar y dar respuesta a sus necesidades", ha afirmado el concejal de Función Pública, Iñaki Prusilla.
El edil ha explicado también que la adopción de este registro es "un nuevo paso" en un campo donde la protección a la posible víctima es fundamental.
Mientras no ha existido esta base de datos, la única posibilidad de verificar la no comisión de delitos sexuales era mediante un certificado de antecedentes penales. Esta práctica ha sido denunciada por ejemplo ante el Defensor del Pueblo por suponer una violación de derechos al revelar datos personales que nada tenían que ver con posibles antecedentes por abusos sexuales.
Los tribunales investigan en la actualidad el caso de un profesor en educación infantil acusado de abusos sexuales a menores en Vitoria. El Departamento de Educación ya anunció el pasado 26 de enero que se va a pedir de manera progresiva el certificado de penados a todos los docentes del sistema vasco.
