Vitoria. Fuentes del Tribunal de Cuentas han explicado hoy a Efe que hasta el día 19 de marzo, que es festivo, está abierto el plazo para presentar un recurso contra el acta de liquidación provisional que dictó este órgano hace una semana.

En este acta la instructora del caso impuso de manera cautelar una fianza de casi medio millón de euros a Alfonso Alonso y a los otros ocho miembros de su equipo de gobierno, entre ellos el actual regidor de Vitoria, Javier Maroto.

Previsiblemente ninguna de las partes personadas actualmente en la causa -el Ministerio Fiscal, el abogado del Estado, el Ayuntamiento de Vitoria y los entonces ediles- recurrirá el acta, ya que como avanzó Maroto, todos los investigados quieren que este asunto se resuelva a la mayor brevedad, a poder ser antes de las elecciones municipales del 24 de mayo.

Si no se presentan recursos, se publicará un edicto en el Boletín Oficial del Estado y, a partir de ese momento, se abrirá un plazo de 10 días para abrir un procedimiento de exigencia de responsabilidad contable.

Los tres grupos de la oposición de Vitoria, PNV, PSE y EH Bildu, ambos con seis ediles cada uno, suman mayoría frente a los nueve concejales del equipo de gobierno del PP, y ayer acordaron en pleno que el Ayuntamiento impulse la apertura de este proceso contable.

Sin embargo, el PP considera que este acuerdo plenario carece de naturaleza ejecutiva por lo que no es de obligado cumplimiento.Por ello, y dado que el alcalde de Vitoria ya dijo que él no va a pedir que se siga adelante con el procedimiento en el Tribunal de Cuentas porque ya lo va a hacer la Fiscalía, PNV y PSE, por una parte, y EH Bildu, por otra, se personarán en el órgano fiscalizador y presentarán una demanda de acción pública contable.

Fuentes de este Tribunal han confirmado a Efe que esa personación es posible al ser partes que se consideran perjudicadas por el alquiler de 20 años que se firmó en 2007 para albergar unas oficinas municipales en la calle San Antonio de Vitoria por un importe de 6 millones de euros.

El objetivo de los tres grupos de la oposición es que se evite el archivo del caso y que el dinero que se pagó de más e incluso el que queda por abonar hasta el fin del contrato en 2027 vuelva a las arcas del Ayuntamiento, han explicado a Efe estos grupos.

El Tribunal, en su acta provisional, señala que hubo una "responsabilidad contable" por parte de la junta de gobierno porque pactó con el dueño del local, el empresario Gonzalo Antón, un alquiler de 12.500 euros más IVA mensuales, 2.332 más de lo que recomendaron los técnicos municipales.

Además detalla que se incrementaron las actualizaciones anuales entre 1 y 9 puntos por encima del IPC, que el Ayuntamiento asumió los gastos de comunidad y que se incluyó una "cláusula penal" que obligaba a mantener el contrato durante 20 años, ya que en caso de rescisión debía abonar la renta hasta 2027.