El Tribunal español de Cuentas investiga un posible descubierto de un millón de euros en el concejo de Aretxabaleta. Si el alto órgano fiscalizador así lo corrobora, se trataría de una grave irregularidad en esta pequeña entidad perteneciente al municipio de Vitoria. Una irregularidad urbanística que, ahora, a nadie parece sorprender, aunque viene de atrás, de los años del boom inmobiliario y del ladrillo, de los años en los que los terrenos próximos a la ciudad se pagaban a precio de oro para rápidamente pasar de suelo rural a urbano y edificar viviendas, de los años en los que el dinero público circulaba con fluidez. El jueves, el diputado general, Javier de Andrés, manifestó que en Vitoria “ya se sabía de las irregularidades de Aretxabaleta”, un pueblo de apenas 300 habitantes que, además, ha estado durante 16 años sin presentar sus cuentas a la Diputación de Álava, ejercicios que se corresponden con el mandato del anterior presidente de la Junta Administrativa, al parecer ahora desaparecido, o al menos no se presentó ante el tribunal cuando fue requerido.

El caso, no obstante, se viene investigando desde que hace un año la nueva Junta tomó el relevo y se encontró las arcas del pueblo vacías, con apenas 150 euros cuando la localidad obtuvo en ejercicios pasados ingresos millonarios por la venta de terrenos. Ese descubierto de 955.952 euros sería consecuencia de “una serie de disposiciones de fondos no justificadas de una cuenta corriente de titularidad del concejo de Aretxabaleta”, según recogía esta semana el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las supuestas irregularidades se habrían producido entre los años 2004 y 2013, y la cantidad detraída de la cuenta procedía en su mayoría de la venta, años atrás, de unos terrenos propiedad del pueblo.

Hace un año hubo elecciones a concejos en Álava y relevo en la Junta de Aretxabaleta. Fue, precisamente, el nuevo equipo quien dio la alerta al encontrarse las arcas vacías y múltiples deudas. Informó a la Diputación, a las asociaciones de concejos y al Tribunal vasco de Cuentas que ahora ha remitido el caso al estatal. Sin embargo, en todo este tiempo y, pese a que a nadie parece sorprender ahora este presunto desfalco, nadie ha tomado cartas en el asunto antes. Es lo que más o menos vinieron a manifestar ayer tanto la nueva Junta de Aretxabaleta como las asociaciones de concejos de Vitoria (Acovi) y Álava (Acoa) en un comunicado remitido a los medios de comunicación. Aseguran que en cuanto tuvieron conocimiento de los hechos ayudaron, asesoraron y animaron a los nuevos representantes del pueblo a formalizar la denuncia que, tras un año de instrucción, ha dado lugar a la apertura del juicio por alcance, en el que habrán de aclararse las circunstancias. No se trata de un proceso penal, por lo que no existen, de momento, personas imputadas ni medida alguna de privación de libertad. Es un procedimiento de restitución financiera que, caso de que prospere, concretará un crédito que quién resulte condenado directamente o por responsabilidad subsidiaria, habrá de reintegrar al concejo de Aretxabaleta.

Tras esta aclaración, Acoa y Acovi quieren dejar claro que, según cabe presumir, fallaron lamentablemente los controles legales en la gestión de estos recursos públicos. Recuerdan desde ambas asociaciones que los concejos están obligados a rendir cuentas anuales a la Diputación, y esperan que un caso como el de Aretxabaleta no enturbie la “buena” gestión de la mayoría de las entidades locales de Álava y Vitoria.