AJavier Maroto parece que le molesta todo de los requisitos de acceso a la famosa Renta de Garantía de Ingresos. Su tabla de siete mandamientos plantea elevar la exigencia de empadronamiento a un mínimo de diez años, ampliar el límite del patrimonio, que se cotice a la Seguridad Social para poder recibirla, retirársela ad eternum a quienes hayan delinquido, vetar a los ciudadanos en situación irregular, obligar a los perceptores a realizar trabajos a la comunidad y forzar el control para que ni un sólo céntimo salga de Euskadi. Como tales, esas medidas no reducirían el fraude del que suele hablar, más vinculado según Lanbide a fallos administrativos que a estafas de los beneficiarios, pero sí que pondría palos en las ruedas de unos cuantos inmigrantes -españoles y extranjeros- que dejaron un día sus lugares de orígenes en busca de nuevas oportunidades y no las han encontrado o se han frustrado, a la vez que se favorecería a los autóctonos. Por eso, llama la atención que el alcalde gasteiztarra no haya propuesto ni un solo cambio en la misma línea para el segundo subsidio más importante por cuantía existente en Euskadi: las Ayudas de Emergencia Social, un respaldo económico en el que los requisitos a los demandantes son aún más flexibles. Algo no cuadra en su estrategia si su objetivo final es, como él mismo dice, lograr que el dinero público de las prestaciones llegue a “quienes se lo merecen”.

La RGI y las AES comparten filosofía: favorecer la inclusión social y servir de tabla de salvación temporal. A partir de ahí, la primera es una renta económica mensual para atender necesidades básicas y está sujeta a empleabilidad, por lo que los beneficiarios han de estar inscritos en Lanbide y dejan de recibirla en cuanto se les encuentre un trabajo si éste conlleva unos ingresos superiores a los establecidos para su percepción. Las segundas, en cambio, son unas prestaciones no periódicas destinadas principalmente a afrontar los gastos derivados de la vivienda cuando la situación es crítica: alquiler, luz, calefacción, electrodomésticos... Sobre esa base, la RGI sólo se destina a quienes lleven tres años empadronados en Euskadi -o uno pero con cinco de vida laboral-, que no tengan ingresos o sean inferiores a la cuantía máxima establecida según el tipo de unidad convivencial de los demandantes, mayores de 23 años y sin patrimonio o con uno que no supere en cuatro veces el límite mencionado. En cambio, para recibir las AES, basta con llevar residiendo en Euskadi seis meses, tener 18 años y no disponer de rendimientos superiores en un 150% al montante máximo de la ayuda que pudiera recibirse -con la misma exigencia que la RGI en el caso del patrimonio-. Criterios más suaves que, siguiendo el discurso de Maroto, animarían a los inmigrantes “a venir a vivir del cuento”, y que, sin embargo, el alcalde no ha sacado a la palestra.

¿Por qué? Las mismas voces que creen ver en las maniobras del primer edil una estrategia meramente electoral tienen claro que su decisión de dejar a un lado las AES se debe a que éstas, aun alimentándose de las arcas del Gobierno Vasco como la RGI, no las gestiona el propio Gobierno Vasco, como sí sucede con la RGI, sino los ayuntamientos. Así pues, exigir cambios en los requisitos de acceso de este subsidio supondría para Maroto reconocer de sí mismo lo que ahora reprocha al Ejecutivo autonómico: que no controla adecuadamente la concesión de las ayudas. También le impediría mantener el mantra de que buena parte del dinero de todos los contribuyentes vitorianos se destina “a personas que buscan tener sueldos vitalicios”, expresión con la que quiere señalar al colectivo magrebí por ser la nacionalidad extranjera que más RGI recibe, obviando que también es la principal dentro de la población inmigrante y una de las que más dificultades de acceso al mercado laboral tiene, ya que su llegada a nuestro territorio estuvo vinculada hasta antes de la crisis al agro alavés y a la construcción. Una maniobra de división con la que, según sus detractores, ha sabido desviar la atención de los verdaderos problemas económicos de la ciudad y de sus promesas incumplidas, y que se desmoronaría si empezara a proponer cambios en las AES.

¿Qué argumento podría dar Maroto para justificar el no pedir ni una sola modificación en los requisitos de acceso de las prestaciones que él organiza? Justo hace unos días daba una pista en las redes sociales de cómo se defendería si al resto de grupos políticos se les ocurriera poner sobre la palestra la incoherencia de su discurso. En respuesta a un seguidor, el alcalde dijo: “Los servicios municipales gestionan ayudas muy pequeñas. Donde están las bolsas de fraude y abuso es en la RGI que gestiona el Gobierno Vasco”. Desde su punto de vista, por tanto, uno de los factores determinantes del buen o mal uso del dinero público es su cantidad: 480 euros de media por beneficiario al mes en el caso de la renta sujeta a empleabilidad y 120 en el de las ayudas para aprietos puntuales. Cierto es, en cualquier caso, que el Gobierno Vasco presupuestó en AES un total de 20,5 millones de euros, de los que 2,4 millones se destinaron a Vitoria, cantidad a la que el mismísimo Gabinete de Maroto añadió otros casi 300.000 euros con la justificación de que de lo contrario no se llegaría a todas las personas necesitadas de nuestra ciudad.

¿Es entonces una cuantía tan exigua la de las Ayudas de Emergencia Social (AES) ? ¿Y por qué lo que en estas prestaciones se considera un déficit de cobertura se convierte en exceso injustificado en el ámbito de la RGI? Puede que el alcalde argumente, si tiene que hacerlo, que la RGI consolida sueldos vitalicios tal y como está planteada mientras que las AES no. Sin embargo, cuando lideraba la ciudad Alfonso Alonso, los populares reconocieron cronificación en la percepción de las ayudas de emergencia social y, lejos de abordarla, como le pedían desde los grupos de la oposición, le restaron importancia y no solicitaron medidas al Gobierno Vasco. Este pasado año, ya con Maroto en el poder, Vitoria contabilizó 3.964 titulares de AES, cuando hace dos años eran 1.952, siendo el 51% de ellos de origen extranjero. Un dato lógico pues es síntoma de una crisis que no termina de pasar y que afecta especialmente al inmigrante, pero que aplicándole el discurso del primer edil habría que tachar de abuso. ¿No?