gasteiz - Otro de los asuntos de interés para Vitoria que divide al Ayuntamiento y al Gobierno Vasco es la diferente forma en que ambas instituciones entienden que hay que proteger este valioso espacio natural del sur de la ciudad. El PP de Javier Maroto trabaja por que el área se convierta en Parque Natural, una propuesta que ya desechó el ejecutivo de Urkullu argumentando, entre otras razones, que muchos de los concejos afectados se oponen por la pérdida de derechos de uso que supone para las juntas administrativas. El PNV de Lakua recuerda que los Montes de Vitoria están incluidos en la Red Europea Natura 2000, una normativa más garantista incluso que la de Parque Natural. En cualquier caso, estudiará esta cuestión. Ayer, la concejala de Medio Ambiente, Idoia Garmendia, afirmó que, pese a la decisión del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria no se va a rendir y va a volver a convocar a los concejos -no sólo a los afectados- para explicarles lo sucedido y lo que Gasteiz va a hacer al respecto. Lo hizo en respuesta a una pregunta del edil socialista Juan Carlos Alonso, que también considera un “error” la decisión del Gobierno Vasco, y apoya en esta cuestión al PP, para que el Ayuntamiento trabaje con una estrategia común.

No fue el único foro en el que ayer se habló de la posibilidad de declarar Parque Natural los Montes de Vitoria. El alcalde también trasladó al lehendakari el asunto. Maroto ve en el Gobierno Vasco, por un lado, voluntad por resolver la cuestión, pero por otro, recuerda que su decisión ha sido dar marcha atrás con la declaración de Parque Natural y desproteger la zona donde se van a perforar dos pozos mediante la polémica técnica de extracción de gas llamada fracking. Por eso, habla del doble mensaje del PNV. “Y si el fracking tiene sus riesgos, no se puede permitir ni uno solo”, declaró el alcalde, recordando que él mismo ha firmado en contra de esta técnica. El lehendakari, por su parte, se compromete a respetar la normativa medioambiental de Euskadi y asegura que cualquier actuación tendrá que respetarla también. No obstante, recuerda Urkullu que es el Gobierno español el que recurre ante el Tribunal Constitucional cualquier normativa autonómica que prohíba las prospecciones.- R. Rz. de G.