aNTAÑO, la cosa pública era un jugoso nicho de negocio para todo tipo de empresas, pero principalmente para las de la construcción. Hoy el gasto público se ha desplomado, pero las instituciones, sobre todo los ayuntamientos, tienen que seguir prestando servicios a sus ciudadanos, deben abastecerse de todo tipo de materiales, tienen que limpiar las calles, gestionar ayudas sociales, levantar centros de salud, atender telefónicamente a sus vecinos, comprar coches patrulla, organizar actividades lúdicas o festivales, redactar y publicar folletos, actividades y servicios todos ellos que siguen realizando empresas externas. En la Administración, pues, sigue habiendo negocio -no tanto como antes- y fuera, en el ámbito privado, hace mucho frío, con lo cual la competencia para optar a contratos públicos es feroz.
Gasteiz no es ajena a esta circunstancia y así, en los últimos tiempos, las bajas en las ofertas de las empresas no sólo han crecido exponencialmente, sino que además el propio Ayuntamiento estimula esa pugna económica que, al final, sobrepasado cierto límite, afecta a la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos y también a la capacidad de la Administración para generar empleo. Cuando una empresa se ofrece a realizar un trabajo por menos dinero que las otras, por algún sitio ha de recuperar lo que ha dejado de ganar, y tanto el coste de personal como el propio servicio que presta son los ámbitos por los que más se escapa el dinero.
el caso paradigmático En el ámbito de la calidad de los servicios prestados, en Vitoria se está dando el caso de empresas que ganan concursos con una valoración técnica de 7 puntos sobre 30 posibles compitiendo con otras que sumaban 27 puntos en este apartado. Así ha sido, como denuncia el concejal del PNV Iñaki Prusilla, en el caso de la adjudicación del servicio de Medicina Deportiva de Mendizorroza, donde lo que primó la oferta económica. La adjudicataria obtuvo 30 puntos de 30 posibles.
"Es el caso paradigmático, no han sacado ni un cuarto de lo que se pide", señala el edil jeltzale, quien por ello ha pedido al equipo de gobierno que se establezca el aprobado, sacar al menos la mitad de la puntuación máxima, para optar a los concursos como norma general. Prusilla explica que en el caso de los contratos del Departamento de Urbanismo sí se suele cumplir esta premisa, pero los nacionalistas apuestan porque ésta sea una práctica generalizada.
Prusilla, que lleva ya unos cuantos años como concejal, tiene que esforzarse para recordar tiempos similares a éstos. "Con la crisis hay bajadas impresionantes, hacía años que no veía reducciones del 40%, como mucho había alguna que se acercaba al 20%, ahora todas se mueven entre el 25% y el 35%, sobre todo en obras", explica.
Esta situación se está potenciando además, no sólo desde el Gobierno central, sino incluso desde Europa. La nueva Ley de Contratos del Ejecutivo de Rajoy, calcada de la norma general europea, valora mucho más las bajas económicas que otros aspectos que conforman una contratación pública en su globalidad, especialmente tras haber sufrido varias modificaciones en ese sentido.
La tortilla se ha dado la vuelta completamente, y si hace una década la Administración gastaba a espuertas, aunque no hiciera falta, en todo tipo de obras públicas y servicios de toda índole para sus ciudadanos -también se despistó mucho dinero a los bolsillos que no correspondía, en este trajín de contrataciones- ahora la orden de Europa es cerrar el grifo del gasto público. Hay que frenar el déficit y todo lo que sobre, si se consigue guardar algo de dinero en la caja, tiene que ser para el banco que nos fía.
Por otro lado, una consecuencia de esta gran competencia en la pugna por contratos públicos es que las grandes firmas estatales se reinventan más allá del ladrillo, entran en nuevos sectores, y como concurren en muchos ayuntamientos pueden permitirse el lujo de presentar las ofertas más bajas por contratos que antes recaían en el tejido empresarial local. Prusilla asegura que en Vitoria son precisamente estas grandes empresas las que más rebajan sus ofertas, antes en el ámbito de la construcción y ahora donde se puede. "Hubo un momento en el que entraron fuerte empresas de fuera, se llevaron importantes contratos de obras, y ahora se da más en servicio y asistencia técnica", señala el edil jeltzale.
Aunque es habitual que las firmas locales ofrezcan más calidad y menos rebaja económica, es ilegal primar a una empresa por criterios geográficos, luego, aunque por volumen los grandes pelean en situación de ventaja, nada se puede hacer al respecto desde el Consistorio. Sí lo pueden hacer las propias empresas locales, guiadas por el aforismo según el cual la unión hace la fuerza. En el caso de la obra del Ayuntamiento de Vitoria, una de las más importantes que en este momento se ejecutan en la ciudad, junto con la reforma de la Avenida y la construcción de la estación de autobuses, varias firmas alavesas conformaron una Unión Temporal de Empresas y se llevaron el gato al agua.
"Las empresas de aquí se defienden como pueden", apunta en ese sentido Prusilla, quien asegura que esa primacía del saldo sobre la calidad empieza a notarse en ciertos ámbitos. "Por lo que comentan mis compañeros, en temas sociales sí que se nota. Habrá que ver qué pasa con el resto de contratos, en servicios de limpieza también han venido empresas de fuera y a la larga se ve en la calidad del servicio y en las nóminas de los trabajadores. Al final repercute en la sociedad vitoriana; por muchos planes de empleo que tenga un ayuntamiento, una de las herramientas más fuertes que tiene para inyectar dinero en la sociedad es la contratación pública", concluye Prusilla.
La preeminencia de criterios económicos en las adjudicaciones municipales no sólo preocupa al PNV. EH Bildu defendió en el Pleno del viernes una moción que persigue incluir cláusulas sociales en todas las contrataciones externas del Ayuntamiento, una medida que la coalición quería aplicar tanto en los departamentos municipales como en las empresas del Ayuntamiento y en sus organismos autónomos. Finalmente se llegó a una enmienda transaccional a la que se sumaron PNV y PSE.
