El debate sobre los efectos en la salud de las antenas de telefonía móvil calienta estas últimas semanas el Ayuntamiento. La discusión se ha colado en la agenda municipal a raíz del plantón de los padres, profesores y alumnos del colegio Ibaiondo a soportar las emisiones que desprenden los mástiles situados en el tejado del hotel Lakua, a apenas 300 metros del patio de la ikastola. Emisiones, legales para la obsoleta normativa estatal, pero muy por encima de lo que recomiendan tanto la UE como la OMS.

La polémica no es exclusiva de Vitoria y, como el Guadiana, asoma desde el año 2000 cada vez que alguien pone el grito en el cielo ante la proximidad de una de estas antenas a su casa, lugar de trabajo o estudio. Es entonces, a raíz de las protestas vecinales, cuando los ayuntamientos deciden regular más allá de la permisiva normativa estatal. Y eso es precisamente lo que la oposición ha pedido al gobierno de Javier Maroto: que sea valiente y modifique la ordenanza actual para fijar tanto la potencia máxima de las antenas como su distancia a colegios, centros sanitarios y demás edificios catalogados como vulnerables.

En el Estado hay varios ejemplos de municipios e incluso comunidades autónomas que ya han legislado con valentía, a pesar de que es un negocio que mueve millones de euros. Los expertos calculan que genera hasta 6.000 euros al día por antena y en España se calcula que hay unas 60.000. Las compañías llegan a pagar hasta 13.000 euros al año a las comunidades de vecinos a cambio del permiso para instalar un mástil. A pesar de ello, los portales cada vez son más reticentes, por lo que las empresas buscan inmuebles de un solo propietario para obtener de forma más fácil el visto bueno.

Dada la complejidad del asunto y los intereses existentes, corresponde a los ayuntamientos -aunque no sea su competencia directa- garantizar el bienestar y la percepción de seguridad de sus ciudadanos. Así se lo recuerda Osakidetza al Consistorio de Gasteiz en el informe emitido a raíz de la polémica de Ibaiondo. El departamento vasco de Salud considera que, aunque la exposición de los alumnos de Ibaiondo no ha sido muy importante, no estaría de más alejar las antenas del centro escolar.

Antes ya lo han hecho otros gobiernos autonómicos y locales. La comunidad más avanzada es Castilla-La Mancha, que aprobó una norma que regula la potencia de las antenas y establece un límite de 0,1 microvatios por centímetro cuadrado para zonas sensibles como hospitales o colegios. El límite está ahora en el Estado en 400.

En muchos municipios, sobre todo de Andalucía y Levante, también cunde el ejemplo. Alcoy, en Alicante, es uno de ellos. Su ordenanza recoge en el artículo 6 que "para proporcionar un elevado nivel de protección de la salud, el límite de densidad de potencia recomendada es 0,1". Incluso éste podrá ser revisado según avancen las investigaciones y se establezcan riesgos en valores menores. Además, "las estaciones base de telefonía móvil no podrán situarse a menos de cien metros de los centros destinados a uso docente, sanitario, asistencial, guarderías o parques públicos". En Toledo, las radiaciones tampoco pueden pasar de 0,1 y el servicio de telecomunicaciones funciona como en cualquier otra ciudad.

¿Y en Euskadi? Para el abogado Alberto Arrate "estamos bastante atrás". El letrado eibarrés es uno de los pocos especializados en las afecciones que provocan los campos electromagnéticos y quien consiguió la primera sentencia que ordenaba retirar una antena de telefonía móvil por razones de salud en Erandio. "El juez entendió que las ondas podían agravar el trastorno de hiperactividad de una niña y mandó que dejase de funcionar como medida cautelar; la operadora ignoró la orden, el juez precintó la antena y después emitió la sentencia", explica Arrate.

A día de hoy -relata el letrado-, el de Basauri es el único ayuntamiento vasco que pelea por reducir las emisiones. En 2008 aprobó una normativa del 0,1 y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se la tumbó, así que ha recurrido al Supremo. También el Parlamento ha pedido al Gobierno Vasco -competente en la materia- que se sume a la recomendación europea. Un paso que ya han dado en las Juntas Generales de Gipuzkoa y en el Ayuntamiento de Donostia.

¿y en otros países europeos? Más allá de las fronteras del Estado también hay países especialmente cautelosos con las distintas emisiones que soportan los ciudadanos. Uno de los más restrictivos es Rusia. Cuando comenzaron a reconstruir los tendidos eléctricos arrasados en la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de que los casos de leucemia se disparaban en las poblaciones próximas a las líneas de alta tensión. En Suiza, las nuevas líneas no pueden pasar de 1 microtesla, frente a las 100 que se permiten en España. Y en Francia se prohíben las instalaciones wifi en los centros escolares.

A pesar de ello, la comunidad científica no tiene una posición clara al cien por cien sobre los efectos en la salud. Tampoco los tribunales, que sentencian tanto a favor como en contra de un mayor control, pero cada vez son más las voces que alertan de una posible relación causa-efecto.

La proliferación de las antenas llega a partir de 1999. Es entonces cuando se inicia el debate y los ayuntamientos comienzan a regular. Un año después, en la conferencia de Salzburgo, se acuerda que los máximos establecidos hasta entonces no eran suficientes y se fija el tope del 0,1 (4.500 veces menos de lo regulado hasta entonces). En 2012, el Consejo Europeo se suma a este límite del 0,1 en la repetida resolución 1815 y, finalmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también acaba reconociendo las radiaciones como un problema sanitario carcinógeno.