Vitoria. Continúa dando línea, pero ya nadie coge el teléfono. Ayer, el 010 se declaró en huelga. Tampoco acudieron a sus puestos los trabajadores que ofrecen este servicio de atención ciudadana en los centros cívicos de la ciudad. Sólo levantó la persiana la oficina de Olaguíbel, con cinco tramitadores, aunque aún está por ver si al final sucumbe al paro. La plantilla echa humo: 35 de las 41 personas que ponen voz y cara a este recurso escenificaron su preocupación ante el Ayuntamiento, con camisetas y carteles. Tras dos décadas de relación laboral, el PP pretende prescindir de la subcontrata SIC SA y delegar la labor en funcionarios de la casa, sin garantías de que quienes sean sustituidos puedan tener una salida. "El sentido común", dice el alcalde, obliga "a ahorrar". Aun a costa de alimentar el desempleo.
Los trabajadores de atención ciudadana, en huelga hasta el 31 de marzo, se preguntan por qué Javier Maroto no es capaz de ver más allá de los números. "Detrás estamos personas que hemos consolidado un servicio con un grado de excelencia reconocido por todo el mundo. Entre ellas, mujeres de más de cuarenta años que llevan trabajando en este recurso desde el principio y a las que ahora se les obliga a competir en un mercado laboral duro lleno de gente joven muy preparada", advirtió ayer la presidenta del comité de trabajadores, Ixone Iriarte. Además, tanto ella como sus compañeros tienen claro que, al margen de la dimensión humana, la controvertida propuesta del PP afectaría de lleno a la calidad del recurso que ahora se ofrece.
La propuesta del alcalde, que empezaría a aplicarse en la próxima primavera, contempla que la atención ciudadana pase a manos de los actuales oficiales de control tras obtener el oportuno certificado. Un error, según Iriarte. "No es lógico. Son personas que ya tienen sus propias tareas, como gestionar el uso y alquiler de las canchas, de las salas, los cambios de turnos, vigilar a los menores... Un montón de labores. Además, con el servicio actual, cuando entraba una persona nueva sin experiencia contaba con un veterano para adquirir los conocimientos".
El objetivo de los trabajadores del servicio de atención ciudadana es que el equipo de gobierno les ofrezca "una salida real". Hasta ahora, se les ha planteado la opción de crear una bolsa de trabajo específica para ellos donde tendrían preferencia para cubrir sustituciones. Y no es que rechacen la medida, pero en este momento presenta demasiadas lagunas como para acatar la propuesta. Según contó Iriarte, en una reunión celebrada la semana pasada, los ediles Manu Uriarte y Leticia Comerón "no supieron responder a muchas de las preguntas" que suscitaba este planteamiento. "No está bien definido y, aunque lo estuviera, la bolsa tendría que pasar por una comisión de seguimiento, contar con el visto bueno del comité de empresa del Ayuntamiento, de los partidos políticos, de ciertos técnicos... Y a día de hoy no vemos que pueda pasar todos esos filtros", aseguró la representante de los trabajadores.
A la espera de posibles avances, la huelga seguirá adelante. Cuatro meses para reivindicarse, protestar, negociar y encontrar luz, si la hubiera, al final del túnel.