Vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria cerrará el año con una deuda de 124 o 126 millones de euros. Al menos, éste es el cálculo que realiza el concejal de Hacienda después de analizar el informe elaborado por el servicio de Tesorería. Unos números rojos que sitúan al Ayuntamiento en una delicada situación, y al borde de la quiebra, como ya han denunciado los concejales en más de una ocasión. Además, esta deuda viva, que Manu Uriarte achaca a la herencia que dejó el PSE de Patxi Lazcoz, se lleva cada año 16,8 millones de euros en amortizaciones, ya que es dinero que se debe a las entidades financieras.
La mayor parte de este agujero es fruto, según el edil, de inversiones realizadas en el Casco Viejo durante la pasada legislatura, periodo en el que Gonzalo Arroita lideró la rehabilitación del centro histórico: reforma de calles, compra de locales comerciales... Pero también a obras en otros puntos de la ciudad, como la escuela infantil de Salburua, por citar un ejemplo.
No cabe duda de que la deuda del Ayuntamiento, sumada a la merma de ingresos procedentes de otras instituciones por la crisis, se ha convertido en un preocupante problema para sus gestores, el equipo de gobierno de Javier Maroto, dispuesto, incluso, a vender el 49% de las acciones de la sociedad municipal Amvisa para disponer de 40 millones de euros. De hecho, Uriarte ya contaba con ellos antes de que el Pleno cerrara ayer las puertas a esta operación financiera.
En estas circunstancias, el alcalde ya ha confirmado que no presentará Presupuesto para el año 2013 hasta saber con qué dinero del Gobierno Vasco y de la Diputación de Álava puede contar. Esto significa que Vitoria irá a la prórroga presupuestaria, y que a partir de enero se verá cómo actuar. El ejecutivo popular no cuenta con mayoría suficiente para sacar adelante los presupuestos y la oposición ya le ha advertido de que no entrará en su juego si no se debaten al mismo tiempo los ingresos y los gastos del Ayuntamiento. Sin embargo, Maroto ha optado por presentar en solitario las ordenanzas fiscales, esto es, el dinero que los gasteiztarras pagarán el año que viene a las arcas municipales en concepto de impuestos y tasas. La más llamativa, el incremento del precio de los cursos de los centros cívicos hasta cubrir el 80-100% de su coste.
Empleados 010 Tampoco garantiza el gobierno de Maroto la continuidad de los empleos municipales. De momento ya ha finiquitado el contrato del técnico de accesibilidad y los puestos de los trabajadores del servicio telefónico de información municipal 010 están en el aire. Los afectados comparecieron ayer en la sesión plenaria para defender el empleo público, pero de poco sirvió.