Vitoria. A Javier Maroto le molesta que le llamen populista y oportunista, pero lo que no puede tolerar es que alguien pueda pensar de él que odia a las personas de otras razas y culturas porque esas actitudes le causan "repugnancia". Ayer, logró que los portavoces de la oposición reconocieran públicamente que el alcalde de Vitoria no es xenófobo, pero no pudo evitar que todos ellos se unieran para cargar contra las políticas contra el fraude social que ha planteado y su considerada actitud con los vecinos contrarios a la apertura de una mezquita en el barrio de Zaramaga. PNV, PSE y Bildu criticaron al primer edil por haber alimentado con su discurso conductas racistas y por no haber gastado aún ni un minuto en pensar cómo se podría combatir el fraude fiscal, una lacra mucho más importante sólo por su cuantía económica que los engaños en las prestaciones sociales.

Fue tal la firmeza de la oposición que el alcalde se comprometió a diseñar un plan contra el fraude fiscal en Vitoria. "Lo habrá, lo haremos entre todos y se pondrá en marcha lo antes posible", aseguró Maroto, si bien trató de justificarse por no haber hablado de este asunto hasta ahora afirmando que es la Diputación la institución que "realmente puede luchar" contra quienes consiguen evadir el pago de los impuestos al no declarar los beneficios obtenidos. "El Ayuntamiento puede colaborar. Ahora bien, en el asunto de las ayudas sociales podemos actuar intensamente y no voy a permitir que haya personas que vivan de las prestaciones y no tengan intención de dejarlas". Según recordó, los datos de Lanbide indican que el 44% de los perceptores rechazan una oferta de trabajo cuando se les ofrece. Además, defendió el acuerdo alcanzado en el Parlamento Vasco entre el PP y el PSE para cambiar los requisitos de acceso a las ayudas de forma que "se acabe el efecto llamada y la puerta de entrada al sistema sea el empleo".

El portavoz del PNV, Gorka Urtaran, recriminó a Maroto que su política social "se reduce peligrosamente a la lucha contra el fraude" y le solicitó que separe estas políticas de las que suponen recortes que "merman la calidad de vida". El líder del PSE, Patxi Lazcoz, denunció que se haya iniciado "una persecución pública al diferente", rechazó que exista un efecto llamada y le conminó a luchar contra los defraudadores "de guante blanco", que son "los que mayor daño hacen". Igual de vehemente fue Kike Fernández de Pinedo, quien le acusó de comportarse como la "extrema derecha" rozando la frontera de la xenofobia.