Vitoria. Los representantes del funcionariado se le echaron encima. Y ahora también lo hacen los tribunales. Dos sentencias emitidas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Vitoria concluyen que la forma en que el alcalde aplicó el decreto-ley de Zapatero contra el déficit público, aplicando recortes sobre las bajas laborales, es ilegal y no se ajusta a derecho. Patxi Lazcoz, sin embargo, no tiene intención de recular. Amparándose en dos fallos anteriores que sí le dan la razón y en su propia convicción, ya ha puesto a trabajar a los Servicios Jurídicos del Consistorio para recurrir los dictámenes que le son desfavorables ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

La medida aplicada el pasado mes de julio por el gabinete de Patxi Lazcoz para reducir la masa salarial conllevó, además de recortes en los salarios, la eliminación del derecho del trabajador a cobrar su sueldo íntegro desde el minuto uno de estar de baja -un privilegio recogido en el convenio desde hace varias décadas- con la excusa que la otra opción era despedir eventuales. Más en concreto, determinó cubrir el 15% del salario entre el día 1 y 3 de ausencia justificada, el 60% del 4 al 14, el 75% del 15 al 20, y de forma íntegra a partir del 21. Una decisión que encendió a la plantilla y a la oposición. Así que en noviembre, en un clima de auténtica crispación, el equipo de gobierno aprobó otra fórmula: pagar el 75% del sueldo hasta el día 21, con el compromiso de completarlo si a lo largo del año se reducía la tasa de absentismo laboral en un punto, y el 100% a partir del 22. Y así ha sido.

Por eso, y a pesar del varapalo jurídico, el regidor socialista se mantiene en sus trece. "Ningún empleado municipal puede decir que ha salido perjudicado, porque en febrero se ha devuelto el cien por cien del dinero a los trabajadores que cayeron enfermos", subrayó ayer Lazcoz. Para la magistrada, sin embargo, que la medida no se haya notado a efectos prácticos no es excusa. Según explica, al aplicar esa modificación del convenio, el equipo de gobierno se excedió en sus funciones, puesto que modificó el Real Decreto de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Públicos sin tener competencia para ello. Además, el decreto-ley de Zapatero no le facultaba para introducir los cambios, ya que el pago del salario durante las bajas de los empleados municipales "no son retribuciones que puedan ser objeto de reducción ni suspensión".

No es la primera vez que Lazcoz lee algo así. En noviembre del año pasado, los portavoces de todos los grupos municipales de la oposición solicitaron un informe a la Secretaría General del Pleno convencidos de que la medida acordada por el equipo de gobierno iba en contra de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Públicos. Esa advertencia, sin embargo, quedó en agua de borrajas. El alcalde siguió adelante pese a su soledad política y a las protestas de los funcionarios, que llegaron a su culmen con la convocatoria de nueve días de huelga; una movilización que obligó a cerrar varios equipamientos municipales.

Además, las dos primeras sentencias emitidas al respecto el 10 de febrero y el 15 de marzo, a colación de los recursos presentados por CCOO y LAB, fortalecieron la postura del alcalde. Le eran favorables. Al menos en parte, porque el fallo al recurso de CCOO no decía que el equipo de gobierno tuviera la razón, sino que los Juzgados de Vitoria no tenían competencia para dirimir si la medida era anticonstitucional, como había alegado este sindicato. Eso lo debía determinar el TSJPV.

Mucho trabajo le espera al Superior. Tanto CCOO como LAB han recurrido ante este tribunal, ELA ya presentó su denuncia directamente en esta instancia y está a la espera del fallo, y el alcalde también probará fortuna en este órgano para echar por tierra las sentencias que ahora le obligan a devolver el complemento de prestación en caso de baja laboral. "Ahora toca prudencia y esperar a ver quién tiene razón", subrayó Lazcoz con aparente tranquilidad. El empate jurídico no le quita el sueño.

Para la oposición, sin embargo, las sentencias hablan por sí solas. "Son una llamada a la responsabilidad y al orden. No se puede gobernar un Ayuntamiento de más de 2.000 funcionarios a golpe de conflicto social y adoptando decisiones que están fuera de la ley. Lazcoz debe reflexionar y anular el decreto", subrayó el PP. Para el PNV, que ha solicitado la comparecencia del edil de Función Pública, Joaquín Esteban, los fallos constatan que el equipo de gobierno "no se ajustó a la ley", adoptando una medida que "ha desatado uno de los conflictos laborales más importantes de los últimos años, con unas repercusiones sobre el día a día de la ciudadanía, cuando todo podría haberse evitado mediante el sentido común y el diálogo". EB, que se sumó a la petición de comparecencia de Esteban, lamentó "la actitud de no negociación e imposición del alcalde" y le exigió que "derogue el decreto, que ha provocado una inestabilidad en los servicios públicos de los que sólo él es el responsable". EA, otro grupo que también exigirá explicaciones, recordó que, más allá del varapalo jurídico, de si la medida del equipo de gobierno es legal o ilegal, se ha producido "un recorte de derechos sociales por mandato de Lazcoz bajo las políticas de Zapatero". Y lo que toca es "rectificar".