Las próximas horas serán decisivas para conocer si el Gobierno español ha ofrecido a las comunidades autónomas una vía muerta. Por ahora, las sensaciones no son nada buenas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha confirmado en Consejo de Ministros que no decretará la prórroga del estado de alarma que le pedía el lehendakari, ni tampoco activará una reforma legal que dé cobertura a las comunidades para mantener el domingo, cuando está previsto que expire ese paraguas, medidas como el toque de queda nocturno, los cierres perimetrales y la limitación del número de personas en las reuniones para frenar el coronavirus.
Se ha puesto de perfil y ha realizado un movimiento de mínimos: invita a las comunidades a aprobar medidas y les ofrece, a través de un real decreto, la opción de recurrir en casación al Tribunal Supremo si el tribunal superior de justicia correspondiente las tumbara. El panorama se ha torcido de manera considerable en las últimas horas y se complica la posibilidad de mantener las limitaciones de movilidad. Ese tribunal ya frenó en su momento la intención de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas y, además, hoy mismo se ha conocido que Baleares, del propio PSOE, ha sometido el toque de queda a consulta previa en su tribunal superior de justicia, y ha sido la propia Fiscalía quien ha emitido un criterio negativo.
El Gobierno español había prometido facilidades o, incluso, que la Abogacía del Estado podía acompañar a las autonomías con un recurso. El Supremo tendrá cinco días hábiles para decidir cuando reciba el primer recurso.
El Consejo de Ministros se ha decantado por una opción de mínimos sobre la que ya informó este periódico. El Gobierno vasco admite que esta vía no es la que pedía el lehendakari y cree que el escenario se complica en puertas de aprobar un decreto previsto para el viernes, y donde el lehendakari quiere mantener el mayor número posible de medidas entre cuatro y seis semanas, y hacerlo con todas las garantías jurídicas.
El portavoz Bingen Zupiria no ha aclarado si están sondeando con carácter previo al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y ha apelado a la discreción y la colaboración entre instituciones. La situación es delicada para la comunidad autónoma, que se ha visto especialmente perjudicada por decisiones contrarias del juez Garrido ante la limitación de reuniones a seis personas o el cierre de bares en zona roja. En el peor de los casos, a las comunidades solo les quedaría la baza de controlar los horarios y aforos de los bares y los centros comerciales, lo que no impide la celebración de botellones o el ocio nocturno en viviendas.
La vicepresidenta española Carmen Calvo ha defendido que el control judicial es necesario a la hora de restringir derechos fundamentales, y ve en la vía del Supremo la virtud de que va a "unificar" criterios. Lo que decida sobre una comunidad será de aplicación para el resto y zanjará el asunto, viene a decir. En concreto, quedará en manos de la sala tercera, la sala de lo contencioso-administrativo que dirige César Tolosa Tribiño, quien ha defendido en alguna ocasión que la legislación sanitaria está obsoleta y necesita una revisión.
Además, algunas fuentes señalan que el tribunal está controlado por jueces conservadores y es difícil que el PSOE haya podido apalabrar nada, algo que tampoco podría reconocer en público porque supondría faltar a la independencia judicial. Calvo ha puesto en valor que resolverá los recursos en cinco días hábiles, un plazo no demasiado ágil para una situación de pandemia. Ha dejado ver que no tiene nada amarrado con ese tribunal entre bambalinas y se remite a que, a su juicio, los tribunales han respaldado a las autonomías en la mayor parte de los casos.
La vicepresidenta emplaza a las comunidades a "fundamentar" sus decisiones en los datos del virus, y defiende que este procedimiento es una red de "seguridad y tranquilidad" y "un instrumento de ayuda, también para el País Vasco". Lo presenta como una decisión que respeta al poder judicial y la territorialidad, lo que no oculta el desaire hacia el PNV, socio prioritario en el Congreso y apoyo clave para garantizar la estabilidad de la legislatura.
