madrid - El PSOE, Unidas Podemos y los partidos minoritarios que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez rechazaron ayer en el Congreso la proposición de reforma del Reglamento del Congreso promovida por el PP para acabar con las coletillas que algunos diputados vienen utilizando en los acatamientos de la Constitución antes de adquirir la condición plena de parlamentarios.

Los populares, por boca de su diputado Carlos Rojas, subrayaron la necesidad de reformar el Reglamento de la Cámara para limitar al sí, juro o sí, prometo los acatamientos y acabar con el "zarpazo" que, a su juicio, algunos diputados dieron a los valores constitucionales y otros "ampararon" durante la sesión constitutiva del Congreso del pasado 3 de diciembre.

"No se puede jurar por repúblicas que no existen o en nombre de condenados por la justicia por delitos gravísimos. No se puede faltar el respeto a España y a la Constitución", manifestó Rojas, lamentando que en aquella sesión "nadie" interrumpiera esos "desacatos" al texto constitucional, en alusión a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Aquella sesión estuvo plagada de un amplio catálogo de coletillas añadidas a la mera promesa o juramento: los independentistas catalanes se refirieron a la soberanía del pueblo catalán, apelaron a la "república catalana" y recordaron a los condenados por el proceso independentista de 2017, definiéndolos como "presos políticos"; Vox juró "por España" y los de Unidas Podemos aprovecharon para defender los derechos sociales, el planeta o las mujeres asesinadas.

Pese a las protestas del PP, Vox y Ciudadanos, la presidenta del Congreso dio por buenas todas las fórmulas, y pocos días después los populares y los de Santiago Abascal advirtieron de que recurrirían en amparo al Tribunal Constitucional. La polémica ya venía de la pasada legislatura, en la que el PP y Ciudadanos ya recurrieron este asunto en el TC.

La propuesta del PP cosechó el apoyo de Vox, Ciudadanos y de Foro Asturias y el desdén del resto de formaciones política intervinientes, que aprovecharon para descalificar al primer partido de la oposición, para reclamar directamente la supresión de los acatamientos de la Carta Magna y para reiterar la misma fórmula utilizada en su día antes de adquirir la condición plena de parlamentario.

Desde Vox su diputado Ignacio Garriga avanzó su apoyo a la propuesta del PP si bien defendió que "el único modo" de establecer el orden constitucional pasa por la ilegalización de los "partidos separatistas". El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz respaldó el texto popular porque considera necesario actuar ante aquellos que juran o prometen "cargarse el Estado de Derecho".

Los partidos que sostienen al Gobierno de Sánchez, PSOE y Unidas Podemos, acusaron a los proponentes que lo que persiguen no es otra cosa que "echar a la mitad de los diputados porque son unos absolutos infieles", en palabras del exlehendakari Patxi López.

Desde el PNV, el diputado Mikel Legarda defendió como forma más rápida para acabar con la polémica la supresión del requisito de acatamiento, ya que, "si bien no es contrario a la Constitución, esta tampoco lo impone". A su juicio, el texto del PP es "una concha vacía que solo busca "un estrecho marcaje a la Presidencia de la Cámara". En la misma línea, Mertxe Aizpurua (EH Bildu) aprovechó para exigir que se elimine por completo la obligación de jurar o prometer la Carta Magna.

Desde ERC, Pilar Vallugera se burló de la propuesta del PP, a cuyos representantes recriminó por tratar de "humillarles" con la obligación de jurar o prometer la Constitución.