madrid- La mayoría de los grupos parlamentarios reiteraron ayer en el Congreso de los Diputados la necesidad de derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), por el que se pone fecha límite a las instrucciones de las causas penales, porque se ha demostrado que el objetivo por el que PP impulsó en 2015 esta medida solo ha tenido el efecto de conseguir la “impunidad” en casos de corrupción.
El Partido Popular se abre así por primera vez a modificar los plazos de instrucción fijados en 2015 por el propio PP cuando gobernaba Mariano Rajoy, a diferencia de lo que había sucedido en las dos últimas legislaturas.
El Pleno del Congreso debatió la toma en consideración de la proposición de ley presentada por Unidas Podemos para eliminar dicho artículo, que limita la instrucción de los casos de corrupción, fraude, terrorismo o crimen organizado a seis meses con carácter general o a 18 si se trata de investigaciones que han sido declaradas complejas por un juez, a instancias de la Fiscalía.
El portavoz de Podemos, Jaume Asens, se dirigió directamente a los populares para acusarles de que se aprobó la implementación de este artículo con mayoría absoluta pero sin contar con el criterio de los abogados, fiscales y jueces. “Cinco años después vemos que de poco vale”, aseguró, ya que el tiempo de espera en las resoluciones “ha subido” y el “efecto real es la impunidad de sus casos”.
Se trata de la tercera vez que la Cámara acepte tramitar esta derogación, pues ya lo hizo con el voto en contra del PP, en 2017 y en septiembre de 2019, pero en ninguno de los casos llegó a completarse la tramitación. La primera vez chocó con la constante ampliación del plazo de enmiendas que impusieron PP y C’s y la segunda decayó por las elecciones del pasado mes de noviembre.
En esta ocasión el PP sí defendió la reforma de la LECrim que realizó en 2015 y ensalzó que los plazos de instrucción impuestos no solo afectan a los casos de corrupción, sino a todas las causas penales”.
