La AN rechaza reconocer como víctima del terrorismo al teniente agredido del caso Altsasu

En su solicitud pretendía que se le concediera la condecoración de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, una distinción honorífica, porque alegaba que había sufrido "un acto terrorista".

El Ministerio del Interior había respondido al interesado que en 2017 se había iniciado un expediente de indemnización, cuya resolución tenía "carácter determinante" para la concesión de dicha Encomienda y ya en diciembre de 2019 se rechazó la solicitud del interesado de indemnización por los daños derivados de la agresión referida.

Dicha desestimación se produjo cuando ya había sentencia firme del Supremo, en la que se rebajaban las condenas a los ocho jóvenes de Alsasua y en la que ya no aparecía ni una mínima referencia a que allí se hubiera producido un hecho vinculado con el terrorismo. La que era pareja del teniente, herida también en aquel suceso y vecina de Alsasua, también pidió ser reconocida en su día como víctima del terrorismo en su día y su solicitud fue rechazada por Interior.

El guardia civil demandó ante la Audiencia Nacional para que se le reconociera el derecho a dicha Encomienda, "por las secuelas sufridas a consecuencia del acto terrorista" y aludía para ello a la instrucción de la causa penal seguida por ello, así como al desarrollo del expediente administrativo iniciado por su solicitud y al tiempo transcurrido sin que haya recaído resolución expresa.

En la contestación a la demanda, la Abogacía del Estado advierte de que el teniente ya había solicitado indemnización para el resarcimiento de los daños causados por la agresión sufrida en Alsasua, que fue desestimada sobre la base de que los hechos fueron calificados como "delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, no como delitos de terrorismo", por lo que no sería aplicable la Ley 29/2011 de reconocomiento a víctimas del terrorismo.

Es decir, el viraje de lo escrito es ya tremendo a estas alturas, y la Administración, obligada por las resoluciones judiciales dictadas, se convierte ahora en altavoz de que el terrorismo en el caso Alsasua no se veía por ninguna parte.

El Estado le responde al agente que el expediente instruido por la solicitud de la Encomienda se suspendió a la espera de que se resolviera el de indemnización, pues, de ser estimada ésta última, se le habría conferido al interesado la condición de víctima del terrorismo, rechazando igualmente que pueda adquirirse por acto presunto algo a lo que el interesado no tiene derecho, "según resultan de las sentencias que se invocan, careciéndose de los requisitos legales para que prospere la pretensión ya que el actor no es víctima del terrorismo".

La sentencia de la Audiencia Nacional recuerda que la Ley "impone una vinculación con las actuaciones penales que, en su caso, se hayan llevado a cabo, estableciendo las mismas como presupuesto para el reconocimiento de los derechos y prestaciones previstas" y esta vinculación "se extiende a todo tipo de resoluciones judiciales dictadas en los procesos penales, sino también a las que igualmente en su caso los excluyan, no siendo admisible que la misma actuación pueda ser calificada de acto terrorista o excluida de tal calificación se esté en el ámbito penal o en el administrativo.

Por tanto, no cabe que hubiera varias sentencias penales que rechacen la calificación de terrorismo y ahora, en vía contencioso-administrativa, a un afectado se le reconociera víctima terrorista.

Finalmente, concluye la AN, si la jurisdicción penal ha enjuiciado los hechos y expresamente "ha descartado que constituyan actos de terrorismo, no puede desconocerse tal apreciación y pretender que la Administración primero y este Tribunal (AN) después, caractericen los mismos hechos como tales actos de terrorismo, por más que no se trate de ahora de aplicar normas represivas, sino reparadoras".