BARCELONA - Los tribunales de justicia han convertido en realidad lo que hasta ahora era una leyenda urbana en Catalunya: el cobro de comisiones del 3% por adjudicaciones de obra pública. La sentencia de la Sección 10 de la Audiencia de Barcelona ha considerado probado que Convergència Democrática de Catalunya (CDC) cobró 6,6 millones de euros en comisiones irregulares a través del Palau de la Música Catalana que la empresa constructora Ferrovial pagaba en concepto de patrocinios pero que llegaban al partido ya desaparecido a cambio de adjudicaciones de obra pública.
El tribunal hizo ayer pública la sentencia en la que condena por estos hechos al extesorero de Convergència Daniel Osàcar a cuatro años y cinco meses de prisión por un delito continuado de tráfico de influencias, delito de blanqueo de capitales en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito de falsedad contable, además de multarle con 3,8 millones de euros. También han sido condenados Fèlix Millet, a nueve años y ocho meses de prisión; Jordi Montull, a siete años y medio, y Gemma Montull, a cuatro años y medio.
Según la Audiencia, la comisión que desde Ferrovial y CDC se pactó que pagaría la empresa a cambio de obra pública no fue del 3% sino del 4% del importe del total de las adjudicaciones y se repartía del siguiente modo: 2,5% para el partido y 1,5% para Millet y Montull (y los dos responsables del Palau a su vez se lo repartían en un 80% para el primero y 20% para el segundo). Desde principios de 1999 hasta julio de 2009, el total de las comisiones satisfechas por Ferrovial a CDC ascendió como mínimo a 6,6 millones de euros y directamente al expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, de 3,5 millones. Por eso, la Audiencia acuerda decomisar las ganancias obtenidas por CDC, por Millet y por Montull con este tráfico de influencias: 6.676.105 euros el primero, 2.804.716 euros el segundo y 701.179 el tercero. El tribunal absuelve a los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elízaga de un delito societario de administración desleal y tráfico de influencias, al haber prescrito todos los delitos.
Las supuestas mordidas de 6,6 millones de euros se pagaban a través del Palau con la excusa de un supuesto patrocinio cultural, según la Fiscalía. De hecho, esa es la cantidad que el fiscal reclama a Convergència o “a la formación que la haya sucedido”, en referencia al PDeCAT, la marca política que ha recogido la herencia política del partido refundado y liderado primero por Jordi Pujol y después, desde 2003, por Artur Mas hasta su disolución en febrero de 2016. Es decir, que el cambio de nombre, no le va a librar del reproche penal... y económico si finalmente lo hay.
Por si acaso, el PDeCAT recordó ayer que es un partido diferente a CDC, por lo que considera que la sentencia del caso Palau no afecta a su formación, y ha pedido que se respete la presunción de inocencia de los acusados hasta que haya una sentencia definitiva. En este sentido, sostiene que “la resolución de la sentencia tiene que ver con CDC, una formación política que ya ha asumido todas las responsabilidades políticas de un asunto que es anterior al año 2010”.
La Fiscalía pedirá medidas cautelares sobre la situación personal de Fèlix Millet, Jordi Montull y a su hija Gemma, así como para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, lo que podría comportar su ingreso en prisión a la espera de que la sentencia sea firme.
El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, demandó ir hasta el fondo contra los casos de corrupción y que los responsables paguen por ello: “Todo el peso de la justicia tiene que caer ante los responsables sin ningún tipo de excepción. Nosotros no miramos hacia otro lado”.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió “responsabilidades políticas más allá de las judiciales” para CDC y señaló que la sentencia confirma que esta formación “se ha financiado ilegalmente durante años”, mediante comisiones irregulares.
El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, afirmó que Artur Mas y Carles Puigdemont deben “dar explicaciones” sobre el caso, ya que son “responsables” del “expolio” y, por ello, deben pedir disculpas y que su partido “devuelva el dinero”.
23 millones de saqueo. El montante total del saqueo del Palau de la Música asciende a 23 millones de euros. La Audiencia de Barcelona ha puesto cifra al desfalco urdido por Fèlix Millet y Jordi Montull, entre los años 2000-2009.
Los beneficiarios. Los 23 millones de euros que salieron del Palau de la Música fueron en mayor parte hacia el bolsillo de Millet y Montull que destinaron el dinero a fines particulares.
Bodas y viajes de lujo. Obras en sus domicilios particulares, viajes privados por todo el mundo, las bodas de sus hijas, compra de obras de arte? Millet sufragó los ostentosos enlaces de sus hijas con el dinero del Palau de la Música. El costo de las bodas ascendió a 164.269 euros y los lujos viajes familiares también costaron 648.021 euros. Las reformas de las viviendas de Millet y Montull también corrieron a cargo de la institución que gestionaban y destinaron casi un millón de euros a este concepto.
El 4% de Convergència. El desvío del dinero del Palau también fue destinado al pago de comisiones a Convergència Democrática de Catalunya (CDC) mediante al pago de facturas por servicios no prestados. El entramado que crearon los saqueadores junto a Ferrovial y CDC también les reportó cuantiosas ganancias. La sentencia del caso Palau, tras más de ocho años de instrucción, confirma que Convergència cobraba comisiones del 4% a cambio de adjudicaciones de obra pública para financiarse.
