gasteiz - El derecho a decidir formará parte de la “centralidad” del debate en el seno de la ponencia de Autogobierno, decía ayer sin ocultar su satisfacción el parlamentario de EH Bildu Pello Urizar. El optimismo de los soberanistas se explica por la negativa de PNV y Elkarrekin Podemos a aparcar el espinoso asunto de la autodeterminación, tal y como pidieron ayer PP y PSE. “Vemos una posibilidad de avanzar”, señaló Urizar, pues “las tres formaciones mayoritarias” apuestan por entrar a discutir sobre el soberanismo y ello permitirá, al menos a priori y con los plazos que se plantean, que ésta sea “la legislatura de la decisión”, afirmó Urizar.

Es el de la autodeterminación un debate peliagudo por cuanto los dos partidos que gobiernan Euskadi, PNV y PSE, mantienen posiciones opuestas al respecto y, aunque las han acotado al ámbito de la ponencia de Autogobierno, tratando de blindar al Ejecutivo de dichas desavenencias, cada vez el tema cobra más peso político, especialmente desde que la crisis catalana se desbocó. EH Bildu quiere conformar un frente soberanista y decisiones como la de ayer de los jeltzales y de Elkarrekin Podemos, que en cualquier caso nunca han ocultado su apuesta por el derecho a decidir, le refuerzan en su empeño.

Hasta ahora el partido abertzale había sido crítico con una ponencia en la que a su juicio se estaban dilatando los plazos de forma premeditada, especialmente en la pasada legislatura. Ahora Urizar dice que seguirán “ojo avizor”, pero una vez abortado el intento de “los partidos que han aplicado, con Ciudadanos, el artículo 155 de la Constitución española en Catalunya”, de aparcar el debate sobre la autodeterminación, el calendario da para aprobar una reforma del Estatuto de Gernika antes de 2020.

De momento, los cinco grupos políticos con representación parlamentaria tienen un mes, hasta el 13 de diciembre, para contrastar sus propuestas de estatus con el resto de partidos, tanto en el seno de la ponencia como en los pasillos del Parlamento, en citas bilaterales o multilaterales, con el fin de subrayar las coincidencias y acordar una redacción común. La idea es, señalaban ayer desde el PNV, debatir “aquellas propuestas que presenten un alto grado de coincidencia o adhesión” con el fin de buscar “un texto común a dos o más grupos”. Cada uno deberá valorar las propuestas de los demás, y se ha pedido además que las aportaciones se hagan siguiendo el esquema de títulos y disposiciones del actual Estatuto o del que se apruebe en el futuro para facilitar la elaboración del borrador de la nueva ley fundamental vasca.

Con ese mínimo común denominador, en el que la plasmación del derecho a decidir parece asegurada de una u otra manera, la coordinadora de la ponencia, la parlamentaria del PNV Jone Berriozabal, elaborará un informe que “recogerá las bases y principios acordados con la referencia a los grupos que los avalen”, según los jeltzales, promotores de esta metodología de trabajo, y en el que podrán constar votos particulares.

borrador para enero de 2018 Se prevé que Berriozabal concluya su labor a finales de enero de 2018, cuando el informe redactado pasará a manos de a un grupo de expertos o instituciones “de reconocido prestigio” encargados de redactar el texto articulado sobre esas bases previamente acordadas. Se abrirá de forma paralela un proceso divulgativo y de participación social a través del programa ADI, una herramienta de la que dispone el Parlamento Vasco para que la ciudadanía pueda hacer llegar sus opiniones al Legislativo.

El siguiente paso será someter el texto articulado al debate y refrendo parlamentario, tramitado como proposición de ley suscrita por los grupos que asuman su contenido. El PNV plantea que una vez aprobado, dicho proyecto de reforma estatutaria sea sometido, antes de iniciarse su tramitación ante las Cortes Generales, a una consulta habilitante por parte de la ciudadanía vasca.

el pse, optimista Por otro lado, el PSE argumentó ayer que su oposición a incluir el derecho a decidir en el debate se fundamenta en que “se busca un texto articulado que responda al ordenamiento jurídico vigente”, según el acuerdo parlamentario adoptado en su día, y en ese sentido el derecho a decidir, “que se plantea por algunos grupos como derecho a decidir la independencia, no cabe en el marco constitucional”. En todo caso, el PSE propuso que “aquello que no se ajusta al ordenamiento jurídico pueda seguir discutiéndose sin obstaculizar los acuerdos posibles para la actualización estatutaria en asuntos que respondan a la legalidad”. Los socialistas señalaron que en esos aspectos sujetos al orden constitucional hay “grandes posibilidades”.

Primera fase. Hasta el momento, los grupos parlamentarios han presentado o ratificado sus propuestas para un nuevo autogobierno, y por la ponencia han pasado diferentes comparecientes a propuesta de los partidos políticos. Juristas de toas las tendencias han expuesto su visión sobre el autogobierno, el foralismo, la independencia o la recentralización.

Segunda fase. Ahora grupos contrastarán sus propuestas a la búsqueda de acuerdos de mínimos que permitan a la coordinadora de la ponencia, la jeltzale Jone Berriozabal, redactar un borrador de nuevo estatuto. Un grupo de expertos se encargará de transformar dicho documento en un texto articulado que se debatirá en el Parlamento y tras ser aprobado se someterá a referéndum. El siguiente paso sería someter el nuevo estatuto al visto bueno del Congreso de los Diputados.

Los plazos. Los grupos parlamentarios tienen un mes para contrastar sus aportaciones, valorar las de los demás y buscar un mínimo común denominador. El 13 de diciembre dicho trabajo debería estar concluido para que Berriozabal aborde el borrador del Estatuto. Se espera que para finales de 2018 dicho texto pueda ser entregado a los expertos encargados de redactar un texto articulado. La idea del Gobierno Vasco o de EH Bildu pasa por concluir la legislatura con un nuevo estatuto aprobado.