madrid - El Gobierno español ha intervenido las cuentas de la Generalitat al asumir el pago de los servicios esenciales en Catalunya al tiempo que ha dado un plazo de 48 horas al presidente del Govern catalán, Carles Puigdemont, para que adopte un acuerdo de no disponibilidad del resto del presupuesto que garantice que no se desvíen fondos al 1-O.
El Ejecutivo del PP aprobó en el Consejo de Ministros celebrado ayer un mecanismo de control de pagos para Catalunya, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, definió como “novedoso” y que, según anunció, lo explicará la próxima semana en una comparecencia a petición propia en el Congreso. Así, el Govern no dispondrá de las partidas presupuestarias destinadas a los servicios esenciales -nóminas, sanidad, educación y servicios sociales- y, además, Puigdemont deberá acreditar los pagos pendientes de la Generalitat y certificar que no van destinados al referéndum secesionista. “El Estado sustituye en los pagos a la comunidad, no completamente, pero sí en la mayoría de pagos esenciales”, aseguró Montoro, quien especificó que el Gobierno pagará directamente “todos los servicios públicos fundamentales”, incluidas las nóminas de los funcionarios que los presten.
De esta manera, el Estado no enviará nuevas transferencias a Catalunya para pagar los servicios públicos fundamentales, sino que abonará directamente estos servicios a los proveedores una vez que la Generalitat certifique todos los gastos que tiene pendientes. Montoro aseguró que esta medida de control de pagos se prolongará durante el tiempo que dure la “situación de excepcionalidad” que han provocado los dirigentes de la Generalitat con la convocatoria de un referéndum ilegal y mientras éstos “se sigan negando a cumplir la ley”. “No estamos sustituyendo competencias sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal”, remarcó Montoro, que se mostró convencido de que la Generalitat terminará cumpliendo el requerimiento del Gobierno español.
Maniatar a la generalitat Además, el Ejecutivo de Rajoy enviará el acuerdo adoptado ayer a las entidades de crédito para que exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General, y si detectan cualquier irregularidad deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal. El Gobierno, según señaló Hacienda en un comunicado, también limita todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat, incluso a corto plazo, ya que deberán tener autorización previa del Consejo de Ministros.
El plazo de 48 horas al Govern comienza a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del acuerdo del Consejo de Ministros y la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que se materializará a principios de esta próxima semana, según Montoro. “Estamos intentando evitar las malas ideas, en términos de lo que esté pensando pagar e intentado evitar que incurran en la misma ilegalidad en la que ellos mismos se están situando”, señaló el ministro, que dejó claro que, con este mecanismo, el Gobierno español establece “la garantía de que todo el mundo va a cobrar en plazo y lo va a hacer en función de la seguridad que da el Estado”, ante la “incertidumbre” que está generando el proceso independentista. Asimismo, recalcó que está “en juego” el interés general de los catalanes y el conjunto de los españoles y la defensa de la ley y la Constitución.
El PSOE apoya esta medida que, según señalaro fuentes socialistas, se trasladó al líder de la formación de la calle Ferraz por el presidente español. Antes del Consejo de Ministros , el propio Mariano Rajoy llamó persomalmente a Pedro Sánchez para informarle de las decisiones que iban a ser adoptadas posteriormente.
Pese a que Montoro evitó precisar si el siguiente paso será aplicar el artículo 155 de la Constitución, lo que dejaría en suspenso la autonomía catalana, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, afirmó ayer que la medida adoptada ayer por el Ejecutivo de Rajoy “es como aplicar el artículo 155 de la Constitución de una manera encubierta”. Además, a juicio del dirigente de la formación morada, el intervenir las cuentas de la Generalitat no resolverá el conflicto que enfrenta a Catalunya con el Estado español. - Efe/E.P.
