madrid - Cuando las víctimas del franquismo han buscado justicia en el Estado español, se han topado con tres barreras. Por un lado, les responden que los delitos han prescrito, es decir, que han sucedido hace tanto tiempo que han caducado. Por otro, cuando se ha esgrimido la posibilidad de que esas acciones se consideren crímenes de lesa humanidad, lo que permitiría que no caducaran y se pudieran juzgar, los jueces han considerado que los hechos no pueden catalogarse bajo esa etiqueta. Pero la tercera clave es la más relevante: existe una Ley de Amnistía promulgada en 1977 que sirvió para perdonar y olvidar en todos los bandos, e impediría exigir responsabilidades. El juez Baltasar Garzón intentó investigar y se topó con esas barreras. En ese contexto, varias víctimas llamaron a la puerta de los tribunales argentinos para que actuaran bajo el principio de la justicia universal. Pero en ese punto también han aflorado los obstáculos. La juez María Servini ha pedido una veintena de extradiciones de excargos franquistas y el Estado se ha negado. Ayer mismo, la ONU dio un enésimo tirón de orejas a España por su postura ante la memoria histórica y la colocó en una encrucijada: o juzga ella misma a los denunciados, o deja que lo haga Argentina. Si se niega a extraditar a los denunciados a Argentina, España deberá juzgar ella misma los delitos.

En concreto, según informó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en su página de internet, el grupo de expertos de la ONU especializado en desapariciones forzadas emitió ayer una declaración tras analizar en Ginebra la decisión del Gobierno español de denegar esas extradiciones. El grupo reconoce que España tiene plena competencia para negarse a entregar a los denunciados, pero puntualiza que, en ese caso, “tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos y el derecho a la verdad”.

En sentido inverso, España “está obligada a extraditar a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas”.

En un comunicado muy argumentado, los expertos desmontan las tesis de Madrid. Según dicen, no puede escudarse en la prescripción de los delitos porque la tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa humanidad, y esos crímenes de lesa humanidad y los delitos de tortura son imprescriptibles, es decir, no caduca la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables. Además, en cuanto a las desapariciones forzadas, explican que es un delito continuado y una vulneración permanente de los derechos humanos mientras no se esclarezca la suerte y el paradero de la persona en cuestión. Por ello, tampoco caduca.

¿juicio por el 3 de marzo? La juez Servini ha tratado de hincar el diente a la investigación aunque no se encuentra con demasiadas facilidades. Ya se topó con la negativa estatal cuando pidió las extradiciones del ex guardia civil Jesús Muñecas y el exinspector José Antonio González Pacheco, y tampoco ha tenido éxito en su última remesa de peticiones, un listado que abarca personas grabadas a fuego en la memoria histórica vasca como el exministro Rodolfo Martín Villa. A Martín Villa se le piden responsabilidades por la muerte en Gasteiz de cinco trabajadores durante una acción policial el 3 de marzo de 1976. También ha pedido la entrega del exvicepresidente Fernando Suárez, por su eventual responsabilidad en los cinco últimos fusilamientos de la dictadura contra los miembros de ETA Txiki y Otaegi, y tres integrantes del FRAP. En la lista se cuela el suegro del exministro Alberto Ruiz Gallardón, José Utrera Molina, por la ejecución de Salvador Puig Antich a garrote vil.

Pudiera parecer que Servini se halla en un callejón sin salida, pero ha decidido seguir adelante y, visto que no lo extraditan, se propone volver a España para interrogar a Martín Villa. En ese caso, la maniobra puede no ser estéril porque el exministro está dispuesto a declarar y dice que no se escudará en la Ley de Amnistía. A la espera de ver lo que da de sí la investigación, al menos Servini ha podido reconfortar a varias víctimas que ofrecieron su testimonio ante la juez cuando viajó al Estado en mayo del pasado año. Félix Padín, histórico militante de CNT, pudo denunciar su caso muy poco antes de morir en un juzgado de Miranda de Ebro en el marco de esa investigación. Además, podrían impulsarse varias exhumaciones para dar sepultura con mayor dignidad a los fallecidos ante la falta de colaboración de algunas instituciones en el Estado. La oposición ha denunciado que el Gobierno español del PP no haya destinado un euro a esas exhumaciones en los Presupuestos de los tres últimos años.

El Alto Comisionado acostumbra a emitir declaraciones periódicamente sobre la situación de los derechos en el mundo, investiga situaciones irregulares y elabora informes. Cuenta a su vez con relatores especiales y grupos de trabajo con conocimientos muy específicos sobre situaciones concretas. El grupo que puso ayer contra las cuerdas a Madrid trabaja en el área de desapariciones forzadas o involuntarias, bajo la presidencia de Ariel Dulitz-ky. Los restantes firmantes del documento son Christof Heyns, Juan Méndez y Pablo de Greiff, un viejo conocido de Madrid que ya ha criticado en el pasado su posición sobre la memoria histórica y que no hablaría de oídas, ya que en febrero del pasado año visitó España para redactar varias recomendaciones sobre el terreno.

otras críticas Greiff, relator especial sobre la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, concluyó tras pasar diez días en España que no se están investigando ni juzgando los hechos, y pidió desactivar la Ley de Amnistía. El experto recordó que, incluso sin llegar a derogar esa ley, los tribunales de otros países que cuentan con normas similares han encontrado recovecos y han realizado interpretaciones que han permitido procesar a los acusados. No es ese el único aviso lanzado a Madrid. También el pasado año, el Consejo de Europa pidió que afronte su pasado y aclare qué sucedió con las “más de 150.000 personas desaparecidas” durante la guerra y la dictadura. Ayer, el grupo de expertos de la ONU opinó que los argumentos del Gobierno español carecen de base y “parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los derechos humanos”. Creen que denegar la extradición “deja en profundo desamparo” a las víctimas y sus familiares.

José Utrera Molina. Ministro de Vivienda en 1973, y secretario general del Movimiento entre 1974 y 1975. Suegro del exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Se busca aclarar su papel en la pena de muerte aplicada a Salvador Puig Antich, el último en morir a garrote vil.

Rodolfo Martín Villa. Ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976. Se intenta dilucidar su responsabilidad en la muerte de cinco trabajadores en Gasteiz durante los conocidos como sucesos del 3 de Marzo de 1976. Murieron en una acción de la Policía.

Fernando Suárez. Fue vicepresidente español en 1975. Se trata de averiguar su eventual responsabilidad en los cinco últimos fusilamientos de la dictadura franquista, dictados contra los miembros de ETA Txiki y Otaegi, y contra tres integrantes del FRAP.