El Gobierno italiano que preside Giorgia Meloni aprobó este lunes un decreto para estipular por ley la lista de "países seguros" de donde proceden los inmigrantes, lo que facilita eventuales repatriaciones, y blindar así sus polémicos centros de retención en Albania tras el revés de la Justicia.

La estrategia consiste en fijar la lista de países seguros, es decir, de los que un inmigrante no tiene por qué escapar, con este tipo de decretos con fuerza de ley usados por motivos de "necesidad o urgencia".

Hasta la fecha esa lista estaba recogida en un "decreto interministerial" de valor meramente administrativo.

Meloni reacciona así a la decisión de la Justicia italiana de vaciar el centro de retención en Albania, donde permanecían doce inmigrantes de Egipto y Bangladés, y obligar a su traslado a Italia, lo que ha indignado al Ejecutivo.

"Esto lo convierte en una norma primaria (...) para ofrecer la aplicación de una ley de interpretación inequívoca. Lo digo con gran respeto por la magistratura", afirmó en una rueda de prensa el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.

El Gobierno italiano abrió en las localidades albanesas de Shengjin y Gjader, al otro lado del mar Adriático, dos centros de retención de inmigrantes -acordados con el primer ministro albanés Edi Rama- para aligerar así la presión en su sistema de acogida.

El pasado miércoles llegaron los 16 primeros -de Egipto y Bangladés- a bordo del buque militar 'Libra' pero 4 de ellos tuvieron que ser devueltos inmediatamente a Italia porque eran menores o "vulnerables".

Sin embargo dos días después el Tribunal de Roma no convalidó la retención de los doce restantes y ordenó su regreso a Italia, abriendo un fuerte encontronazo con el Gobierno.

La clave del debate está la consideración de "países seguros" pues los inmigrantes que procedan de uno de ellos tendrán más posibilidades de ser repatriados al llegar a suelo italiano (podrá pedir igualmente el asilo pero tendrá que demostrar los "graves motivos" que le obligan a ello).

Italia consideraba seguros un total de 22 países de origen migratorio y entre estos, desde el pasado mayo, figuraban Egipto y Bangladés, los países de los primeros inmigrantes llegados a Albania. Sin embargo el Tribunal de Roma no está de acuerdo.

En su fallo, se amparaba en una sentencia del pasado 4 de octubre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) sobre un ciudadano moldavo que había pedido asilo en la República Checa.

El tribunal comunitario establecía que para que un país pueda ser considerado seguro debe serlo de forma "homogénea" en todo su territorio y Egipto y Bangladés, según los jueces romanos, no cumplen ese requisito.

Ahora el Gobierno italiano ha garantizado esa lista por ley, indicando a Egipto y Bangladés como "seguros", lo que permitirá repatriaciones más rápidas.

Pero además la lista ha sido actualizada y reducida a 19 países, sacando de la misma a Colombia, Camerún y Nigeria por tener "zonas territoriales no seguras", según alegó el subsecretario de presidencia, Alfredo Mantovano.

La decisión del Tribunal romano ha sido vista como una violación de la separación de poderes no solo por el partido de Meloni, los ultraderechistas Hermanos de Italia, sino también por sus dos socios de coalición, la Liga de Matteo Salvini y la Forza Italia de Antonio Tajani.

El ministro de Justicia, Carlo Nordio, explicó que la sentencia europea era "muy compleja y escrita en francés" por lo que, sostuvo, "probablemente no ha sido bien comprendida o leída" por los jueces.

Su colega Piantedosi defendió el decreto "va en línea con lo establecido" la justicia europea, ya que otro factor importante a tener en cuenta es la "primacía" del derecho comunitario.

El Gobierno de la ultraderechista Meloni, que hasta hace unos días recibía el respaldo a su plan de países europeos y un guiño favorable de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, está siendo muy criticado por su oposición.

Este mismo lunes ha sido denunciado este lunes al Tribunal de Cuentas por el opositor Movimiento 5 Estrellas (M5S) por el gasto de "ingentes" fondos públicos en el envío de inmigrantes a sus polémicos centros en Albania.