Alemania afronta la última semana de restricciones con motivo de la pandemia con dudas en vista de las cifras récord de contagios, mientras el Gobierno mantiene el propósito de implantar la vacuna obligatoria.
A partir del 20 de marzo desaparecerán prácticamente todas las limitaciones en la vida cotidiana para el grueso de los ciudadanos, aunque está previsto que se mantengan medidas como el uso obligatorio de mascarilla en hospitales, residencias de ancianos y medios de transporte.
Se contemplarán además restricciones adicionales en las regiones donde se registren brotes localizados, entre ellas mascarillas, distanciamiento y estándares básicos de higiene, testeo y certificación del estado de vacunación.
No obstante, apenas una semana antes del que ha sido bautizado desde algunos medios de comunicación como "Día de la Libertad", las infecciones han vuelto a repuntar tras una primera relajación de las medidas más estrictas, y han batido este sábado cifras récord.
Esta madrugada, el Instituto Robert Koch de virología (RKI), reportó 237.086 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia en Alemania.
La incidencia acumulada a siete días ascendió a 1.496 contagios por cada 100.000 habitantes, otro máximo y claramente por encima del dato de hace una semana, cuando eran 1.220,8, aunque el número de muertes -249 en la última jornada- se mantiene por el momento estable.
El propio ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, que a mediados de febrero había dado por alcanzado el pico de la "ola ómicron", calificó ayer la situación de "crítica" y pronosticó la rápida aparición de "focos" de contagio por todo el país, en los que habría que aplicar medidas reforzadas.
En este contexto, se multiplican las críticas de quienes consideran arriesgado reducir al mínimo las restricciones que podrán imponer los estados federados, a los que les corresponderá esta competencia según la nueva Ley de Protección Infecciosa que se encuentra en trámite parlamentario.
Así, el presidente de la Asociación Alemana Interdisciplinar para la Medicina Intensiva (Divi), Gernot Marx, pidió este sábado que los "Länder" mantengan la potestad de imponer el uso de mascarillas en todos los espacios interiores.
"Es una medida de efecto comprobado y sencilla. Sería un error renunciar a este instrumento sin haber necesidad," declaró Marx a los diarios del grupo "Funke" y destacó que la mascarilla sirve para protegerse a uno mismo y a los demás.
También algunos de los jefes regionales de la oposición conservadora advirtieron hoy que la nueva ley, impulsada por la coalición de socialdemócratas, verdes y liberales, tendrá como resultado un mosaico de reglas distintas y dejará a los "Länder" sin capacidad para actuar partiendo de unas medidas base insuficientes.
EN RUTA HACIA LA VACUNA OBLIGATORIA
Entretanto, ante una campaña de vacunación prácticamente estancada desde las Navidades - a día de hoy, el 75,7 % de los alemanes ha recibido dos dosis y un 57,8 % también la de refuerzo - , el canciller Olaf Scholz ha indicado que, al contrario que el Gobierno austriaco, no tiene planes de renunciar a la vacuna obligatoria.
Está previsto que el Bundestag apruebe el correspondiente proyecto de ley a principios de abril y que la medida entre en vigor en algún momento del verano para maximizar la protección frente a posibles nuevas olas que lleguen en otoño.
No obstante, existen dudas sobre la capacidad y voluntad política de imponer la medida en la práctica, un aspecto en el que la vacuna obligatoria para los profesionales de la sanidad y los cuidados, efectiva a partir del próximo 16 de marzo, servirá a modo de ensayo.
A partir del miércoles de la semana que viene, los hospitales, consultorios médicos y residencias cuyos trabajadores no hayan aportado un certificado de vacunación o de sanación tendrán la obligación de informar a la Oficina de Sanidad local y se les recomendará apartar al empleado en cuestión del contacto con los pacientes.
La cuota de vacunación en el sector sanitario varía entre las regiones; mientras que en la Baja Sajonia (norte), han recibido el pinchazo más del 95 % de los empleados, en Sajonia (este), hasta un tercio están sin vacunar.
Las autoridades sanitarias podrán imponer, en última instancia y tras un largo proceso administrativo, multas de hasta 2.500 a los empleados no inmunizados y la prohibición de acudir al puesto de trabajo.
Sin embargo, desde diversas instancias se ha señalizado que estas medidas no serán de aplicación sistemática y no es de esperar que se produzcan despidos masivos en un sector aquejado de falta crónica de personal.
