Bruselas exige a Polonia el pago de una multa de 69 millones de euros
La sanción está motivada por el sistema de disciplina a los jueces polacos que el Tribunal Europeo considera ilegal
- La Comisión Europea (CE) envió ayer una carta formal para requerir a Polonia el pago de una multa de 69 millones de euros, después de que Varsovia no haya comunicado sus planes para desmantelar el sistema de disciplina a sus magistrados que la justicia europea considera ilegal.
La multa afecta al periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 2021 y el 10 de enero de 2022, por el que Polonia deberá pagar un millón de euros diarios. Fuentes comunitarias confirmaron a Efe el envío de la carta para exigir el pago de la multa impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ayer.
La multa se impuso una vez concluido el plazo -hasta el pasado 10 de enero- que Bruselas había dado a Polonia para explicar cómo preveía cumplir con la sentencia comunitaria que le exigía cambios en su sistema judicial. Este país tiene ahora 45 días para efectuar el pago antes de que la Comisión Europea continúe el proceso para que la multa sea abonada.
Varsovia, cuya independencia judicial Bruselas lleva años cuestionando, había sido condenada por la justicia europea el pasado 3 de noviembre a pagar una multa de un millón de euros diario mientras no revierta el sistema controvertido.
El régimen y cámara disciplinarias para los magistrados nacionales que preocupan a Bruselas y Luxemburgo permiten que los jueces estén sujetos a investigaciones disciplinarias, procedimientos y sanciones en función del contenido de sus decisiones judiciales, incluido el ejercicio de su derecho a plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Desde el punto de vista de la CE, posteriormente respaldado por el tribunal comunitario, la ley disciplinaria polaca socava la independencia de los jueces y no da las garantías necesarias para protegerlos del control político.
Si Polonia no pagase, la Comisión podría en última instancia retener pagos de financiación comunitaria asignados a este país, como fondos de cohesión, que se deducirían con intereses.
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