El panorama inmobiliario, tan convulso en los últimos tiempos, suele dar pie a conflictos entre propietarios e inquilinos, sobre todo en situaciones de impago de alquiler. Esta problemática se ha vuelto común en muchas circunstancias, generando tensiones personales como legales.
En un vídeo viral de TikTok, una abogada del despacho Castillo Castrillón Abogados, expone las graves implicaciones legales que enfrenta un propietario si decide cambiar la cerradura de un inmueble alquilado sin seguir el procedimiento adecuado.
Implicaciones legales del cambio de cerradura
En palabras de la abogada, cambiar la cerradura sin la autorización judicial necesaria puede constituir un delito de coacciones, tipificado en el Código Penal. Este acto puede acarrear severas sanciones, que varían entre seis meses y tres años de prisión.
A pesar de que el propietario sigue siendo el titular de la vivienda, no puede ejercer su voluntad de forma unilateral. Esto significa que, incluso ante el incumplimiento de pago por parte del inquilino, el propietario no puede cambiar la cerradura, denegar el acceso al inmueble o restringir el derecho del inquilino a usar la vivienda.
La jurista enfatiza que estas acciones son ilegales, pues vulneran los derechos del inquilino, quien tiene la posesión legal del inmueble mientras el contrato esté vigente. Al cambiar la cerradura sin seguir el procedimiento legal, el propietario está imponiendo su voluntad de forma ilícita, violando los derechos establecidos en el contrato de alquiler.
Definición del delito de coacciones
El artículo 172 del Código Penal define el delito de coacciones como el acto de impedir, con violencia o intimidación, que otra persona ejerza legítimamente un derecho. Cambiar la cerradura sin un proceso judicial encaja perfectamente en esta descripción.
Las consecuencias legales que enfrenta un propietario que incurre en esta práctica son las siguientes.
Prisión de seis meses a tres años
Dependiendo de la gravedad del caso, el juez puede imponer penas privativas de libertad.
Multas económicas
Aunque no siempre se aplica, el propietario podría enfrentar sanciones económicas en función de la magnitud de la acción.
Indemnización al inquilino
Además de las sanciones penales, el propietario podría verse obligado a compensar al inquilino por los daños y perjuicios ocasionados.
La vía legal para recuperar la vivienda
Ante el impago del alquiler, los propietarios pueden sentirse frustrados, pero la ley ofrece soluciones para resolver estos conflictos. El procedimiento legal adecuado es la demanda de desahucio por impago de rentas, la cual consta de varias etapas.
Requerimiento de pago
El primer paso consiste en enviar un aviso formal al inquilino, reclamando el pago de las rentas adeudadas.
Interposición de la demanda
Si el inquilino no responde al requerimiento, el propietario tiene la opción de presentar una demanda ante el juzgado correspondiente.
Juicio de desahucio
En esta etapa, un juez evaluará el caso y, si es necesario, ordenará el desalojo del inmueble.
Ejecución de la sentencia
Si el inquilino se niega a abandonar la vivienda, el juzgado autorizará el lanzamiento, que será ejecutado por agentes judiciales.
Aunque este proceso puede ser largo y tedioso, es la única vía legal para recuperar la posesión del inmueble sin enfrentar sanciones.
Alternativas al desahucio judicial
A pesar de la rigidez del proceso judicial, existen alternativas que pueden ayudar a evitar el conflicto. La comunicación y el acuerdo entre ambas partes son fundamentales. Algunas opciones son las siguientes.
Negociar un plan de pago
El propietario puede ofrecer al inquilino la posibilidad de fraccionar la deuda, lo que podría facilitar el cumplimiento de las obligaciones de pago.
Rescindir el contrato de mutuo acuerdo
Ambas partes pueden acordar la finalización anticipada del contrato, permitiendo al inquilino una salida más fácil de la vivienda.
Es importante destacar que, si las partes no logran llegar a un entendimiento, la recomendación es siempre recurrir al procedimiento judicial para evitar problemas legales más graves.
Conclusión
El conflicto entre propietarios e inquilinos es un tema complejo que requiere una perspectiva legal adecuada. Cambiar la cerradura de un inmueble alquilado sin seguir el proceso legal puede acarrear serias consecuencias, tanto penales como civiles.
La mejor forma de abordar estas situaciones es a través del cumplimiento de la ley y, si es necesario, mediante la búsqueda de soluciones acordadas que beneficien a ambas partes.
En el ámbito inmobiliario, la legalidad y el respeto mutuo son fundamentales para mantener un ambiente de confianza y seguridad en las relaciones de alquiler.
