Un miércoles por la mañana, en cualquier mercado de Álava, eliges entre dos patatas casi idénticas. Una tiene sello Eusko Label. La otra no. El precio es razonablemente similar. La diferencia, en cambio, no lo es: detrás del sello hay una explotación alavesa, una cooperativa, una cadena de distribución corta y una decisión política de mantener viva la agricultura local. Lo que eliges tiene consecuencias que van más allá del precio.
Qué es la soberanía alimentaria
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir qué se produce, cómo y para quién. No es lo mismo que seguridad alimentaria, es decir, tener el estante lleno, independientemente de cómo se llenó, ni que autosuficiencia total. Es algo más concreto: la capacidad de un territorio de controlar su propio sistema de producción y distribución de alimentos.
El concepto lo acuñó La Vía Campesina en 1996. Desde entonces ha ganado peso en las agendas agroalimentarias de los gobiernos; un interés que se ha acelerado tras la pandemia, la guerra en Ucrania y la escalada arancelaria estadounidense. A ese escenario se suma ahora el conflicto en Irán y su efecto sobre el precio de los combustibles y los fertilizantes, dos insumos críticos para cualquier explotación agraria.
Un análisis del Banco de España de 2025 concluye que el Estado tiene una autonomía alimentaria considerable, sustentada en su producción interna y en el mercado único europeo. Pero autonomía no es lo mismo que soberanía. Un sistema puede tener el estante lleno y al mismo tiempo los productores locales desapareciendo, las decisiones en manos de grandes cadenas de distribución y el consumidor sin herramientas para distinguir el origen real de lo que compra. Que haya comida no dice nada sobre quién decide cómo se produce ni bajo qué condiciones.
Por qué es importante
Cuando un productor local cierra, raramente se recupera la actividad. Los campos se abandonan, se pierden variedades autóctonas y el conocimiento acumulado durante generaciones. La consecuencia más visible es la despoblación rural; la menos visible, el debilitamiento del sector primario y una mayor dependencia de cadenas alimentarias externas.
En Álava ese proceso tiene cifras concretas. En mayo de 2025, la diputada foral de Agricultura, Noemí Aguirre, cifró en 814 las explotaciones alavesas cuyos titulares están jubilados o próximos a jubilarse, 348 de ellas sin relevo natural.
Las cooperativas son el mecanismo que permite a esas explotaciones pequeñas sostenerse. En Euskadi, el sector cooperativo agroalimentario agrupa cerca de 76 entidades, 864 personas empleadas y 6.797 socias, con una facturación cercana a los 400 millones de euros en 2024. Pero el modelo arrastra una debilidad estructural: la mayoría opera a una escala insuficiente para competir en un mercado globalizado. De ahí el Programa Kooperatu, con el que el Gobierno Vasco financia la integración cooperativa para reforzar la capacidad del sector de resistir perturbaciones externas.
Más allá de las cifras, el modelo cooperativo cumple una función que el mercado no garantiza por sí solo: mantener vivo el tejido rural. Cada cooperativa que opera en un municipio pequeño sostiene empleo estable, servicios y población. Cuando desaparece, no la sustituye nadie.
Lo que puedes hacer
Como consumidores no diseñamos políticas agrarias, pero tomamos centenares de decisiones al hacer la compra. Hay cuatro herramientas que nos permiten decidir e influir.
La primera son los sellos. Eusko Label certifica calidad y origen vasco. Euskal Baserri acredita que el producto viene de granjas vascas. Ekolurra indica producción ecológica. Ninguno garantiza perfección, pero sí garantizan trazabilidad.
La segunda es el calendario. La patata alavesa con Eusko Label está disponible de septiembre a marzo o abril. Fuera de esa ventana, la patata en el lineal puede ser de cualquier otro origen.
La tercera es una pregunta. El Gobierno Vasco obliga a cualquier punto de venta de proximidad a informar sobre el origen, el sistema de producción y las condiciones de sostenibilidad del producto.
La cuarta es comprar directamente al productor: en los mercados de abastos, en ferias agrarias o a través de los grupos de consumo que operan en el territorio.
El Estudio de Hábitos de Consumo 2024 de Enfokamer señala que la proximidad es el primer criterio que los vascos declaran al elegir dónde compran alimentos, por delante del precio y la comodidad. La intención existe. Lo que falta, con frecuencia, es entender que elegir un producto local es también una decisión sobre qué sistema alimentario queremos sostener.
