La hora de la verdad del pacto vasco contra la segregación escolar y la gratuidad real

El lunes no será un lunes cualquiera para el futuro de las aulas en Euskadi. El Departamento de Educación que dirige Begoña Pedrosa presentará de forma oficial el Pacto social contra la segregación escolar, rebautizado como ‘Eskola Bikaina Denontzat’. Lo que nació en otoño de 2025 como una iniciativa estratégica del Gabinete del lehendakari Imanol Pradales para adaptar el sistema educativo vasco a las nuevas realidades sociales, llega a la línea de meta convertido en una oportunidad histórica para consolidar un modelo más equilibrado y cohesionado. El objetivo principal es claro: alcanzar un gran "compromiso de país" que asegure el éxito educativo de todo el alumnado, independientemente de su origen o nivel socioeconómico.

La cita es el resultado de un intenso proceso de cocina. Este lunes se darán a conocer en el Euskal Museoa (Bilbao) los pormenores de los compromisos alcanzados. No obstante, el 26 de abril ya se pudieron vislumbrar algunos en la reunión que mantuvo la consejera Pedrosa con cien profesionales y agentes que forman las comisiones de este foro. Según ha podido saber este periódico, hace dos semanas aproximadamente fue la última reunión plenaria aunque las comisiones se han seguido juntando hasta esta misma semana para remitir sus aportaciones con las que el Departamento confeccionará el documento final del pacto.

Tal y como adelantó este periódico, en el encuentro de primavera se terminaron de perfilar las nueve áreas estratégicas que se desplegarán a partir del próximo curso. Dentro de la gestión de la oferta educativa, la mesa de fijó tres grandes prioridades normativas de aplicación inmediata: la aprobación del nuevo Decreto de Gratuidad, la creación de la “mochila escolar” para el alumnado con menos recursos y la renovación del Decreto de Planificación y Admisión. Con la implantación coordinada de estas tres herramientas, Educación pretende incidir de forma directa en la equidad del sistema y disminuir la histórica concentración de la vulnerabilidad en la red pública, en un contexto donde ambas redes se reparten prácticamente al 50% la matrícula.

El diagnóstico: una necesidad demográfica y social

La premisa de la que parte el documento que se firmará hoy responde a una necesidad demográfica ineludible. El descenso sostenido de la natalidad (13.000 estudiantes menos desde 2020) y la creciente diversidad exigen reconfigurar el mapa escolar para evitar desequilibrios estructurales en las zonas urbanas. Cabe recordar que cada año alrededor de 8.000 estudiantes extranjeros se incorporan a las aulas con el curso empezado y que muchos de ellos llegan con trayectorias educativas interrumpidas, sin saber euskera ni, en algunos casos, castellano, y con necesidades específicas de apoyo.

Actualmente, Euskadi sigue siendo, junto con Catalunya, una de las comunidades con mayor índice de segregación escolar. Según el Diagnóstico inicial y la respuesta a la segregación escolar en Euskadi que el Departamento trasladó a los agentes, lograr una equidad real en las áreas de mayor concentración urbana, capitales y municipios de más de 75.000 habitantes requerirá una planificación distinta de la escolarización. Las proyecciones técnicas apuntan que para evitar los guetos escolares habría que reubicar en otros centros a entre el 30% y el 50% del alumnado desfavorecido.

Los datos oficiales que manejó la mesa confirman que las nuevas políticas de admisión iniciadas en 2023 —basadas en la reserva de plazas para perfiles vulnerables en todos los centros financiados con fondos públicos— han iniciado un cambio de tendencia. Pero la brecha entre redes sigue siendo pronunciada. En la actualidad, la escuela pública asume el 58,1% del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), frente al 41,9% de la red concertada. Esta diferencia es aún más evidente al analizar el alumnado de origen extranjero, donde la escuela pública acoge al 67,4% de este perfil. Una situación similar se repite con las becas socioeconómicas, ya que la red pública sostiene al 61,3% del total de beneficiarios. Pese a la persistencia de esta desigualdad, el informe de actividad escolar más reciente del Eustat aportó optimismo a los grupos de trabajo al subrayar que el sistema vasco avanza en indicadores de éxito, destacando la reducción de la tasa de abandono escolar temprano al 3,6% en 2025.

La ingeniería de la ‘mochila escolar’ y el Decreto de Gratuidad

Para equilibrar los esfuerzos de ambas redes, el pacto introduce formalmente la "mochila escolar", una dotación económica pública directa que acompañará a cada estudiante en situación de vulnerabilidad. El propósito es doble: garantizar la gratuidad total en el centro de su elección —cubriendo de forma institucional gastos de material, comedor o transporte que antes suponían un freno económico— y dotar a los colegios concertados de los recursos necesarios para atender con la máxima calidad las necesidades de su alumnado.

Esta medida busca contrarrestar de forma directa uno de los principales factores segregadores identificados en el diagnóstico de Educación: los mecanismos implícitos o explícitos de selección de alumnado por parte de ciertos centros concertados mediante el cobro de cuotas o aportaciones económicas. El nuevo Decreto de Gratuidad, cuyo borrador se comenzó a perfilar tras la reunión de abril, garantizará por ley el final definitivo de estas cuotas alegales. Dicho lisa y llanamente, por fin se aclarará por qué conceptos podrán cobrar los colegios concertados si pretenden seguir percibiendo fondos públicos.

Marco jurídico y la renovación de la Admisión

La otra pata esencial de la estrategia que se visibilizará este lunes es la renovación del Decreto de Planificación y Admisión de alumnos. Se trata de una revisión obligada después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anulase la normativa previa (Decreto 30/2023) por un defecto de forma: la ausencia de una memoria económica que justificara el coste de las medidas. El nuevo texto legal restablecerá con plenas garantías jurídicas la obligación de que todos los centros financiados con dinero público asuman una cuota proporcional de alumnado con necesidades específicas en base al Índice de Vulnerabilidad actualizado. Este índice obligará a reservar plazas específicas en cada zona de influencia para asegurar que ningún colegio pueda eludir su responsabilidad social en la acogida de la diversidad.

Más allá de la escolarización y la financiación, los grupos de trabajo coordinados han ido trabajando en programas transversales orientados al éxito escolar y la gestión de la complejidad. Según el Diagnóstico de situación sobre la infancia y adolescencia vasca, un total de 254 centros públicos (54% de la red pública) y 69 centros concertados (17% de la red privada) presentan un grado de complejidad medio-alto. Para mitigar el impacto de su menor nivel socioeconómico y cultural, el plan de la consejería reforzará de manera prioritaria la autonomía de gestión de estos centros y recursos específicos.

Cabe prever que el lunes se certificarán los nuevos programas integrales de acogida dirigidos a los cerca de 8.000 estudiantes extranjeros que se incorporan anualmente al sistema con el curso ya iniciado (matrícula viva). Estos planes combinarán el refuerzo lingüístico, con el acompañamiento socioemocional y el trabajo con las familias. El eje pedagógico de la reforma se completará con la reestructuración de la formación inicial del profesorado y el impulso de entornos plurilingües mediante campañas de sensibilización. A nivel comunitario, el despliegue de 'Eskola Bikaina Denontzat' sumará a partir del próximo curso la creación del Servicio Municipal de Información Educativa, diseñado para ofrecer orientación accesible a las familias durante la matriculación, y la promoción de acuerdos locales entre centros, ayuntamientos y agentes sociales para blindar la cohesión del entorno educativo.

El lunes: una cita para el consenso constructivo

De cara a la presentación oficial, el Gobierno vasco ha mantenido con firmeza que medidas de calado, como las unificaciones y fusiones de centros escolares ensayadas con éxito en Ermua o Gasteiz, responden a estrictos criterios pedagógicos, bajo la premisa de que un volumen adecuado de alumnos por aula garantiza una correcta socialización. Este escenario plantea evidentes retos de gestión y adaptación para las patronales de la enseñanza concertada. El sector aboga por que la flexibilización de la matrícula viva y el desarrollo del Decreto de Gratuidad se ejecuten con la máxima seguridad jurídica y estabilidad presupuestaria, exigiendo que los módulos de aportación pública cubran con precisión los costes reales de funcionamiento de las aulas.

El acto, concebido como el reflejo de un gran acuerdo estratégico de país, busca proyectar una imagen de unidad institucional frente a los desafíos demográficos y la vulnerabilidad en las aulas. Sin embargo, la convocatoria estará marcada de forma inevitable por la asimetría en la representación del sector, lo que ofrecerá una fotografía algo borrosa.

En el lado institucional y político, la delegación estará encabezada por la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, arropada por altos cargos de su departamento y del Ejecutivo, así como por representantes de los partidos que sustentan al Gobierno vasco y EH Bildu. La foto sumará el respaldo de gran parte de la comunidad educativa que ha permanecido activa en las mesas de trabajo, incluyendo a las asociaciones de directores de la escuela pública, colectivos de familias y las principales patronales de la enseñanza concertada de carácter religioso y privado (Kristau Eskola, Ikasgiltza, AICE, EIBE, Elizbarrutia), que consideran imprescindible validar este nuevo marco de financiación de la vulnerabilidad para asegurar su estabilidad y suficiencia económica. La foto la completarán EUDEL, Biltzen, el Consejo Escolar de Euskadi, la Inspección de Educación y el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (ISEI-IVEI). También estarán organismos especializados en inclusión y derechos educativos como UNICEF, Save The Children, Plena Inclusión o Eusko Ikaskuntza; y las principales universidades vascas (EHU, Deusto, Mondragon Unibertsitatea y BAM).

Foto movida

A lo largo de su andadura, la mesa de diálogo Eskola Bikaina Denontzat ha transitado por un camino complejo, evidenciando las profundas sensibilidades que convergen en el ecosistema educativo vasco. Si bien el foro nació con una vocación aglutinadora y de máximo consenso para abordar un reto estructural, el desarrollo de las sesiones ha provocado que agentes de relevancia e influencia sectorial hayan decidido desmarcarse de la dinámica oficial. Estas ausencias, motivadas por discrepancias en el diagnóstico o por la exigencia de reformas de mayor calado, han alterado la composición inicial de un espacio diseñado para el encuentro multilateral. La paulatina salida de sindicatos mayoritarios, las ikastolas, las familias de la escuela pública y algunas fuerzas políticas de la oposición ha dejado una huella visible en la representatividad de la mesa. Un proceso que concluye condicionado por el desafío de mantener su legitimidad institucional frente a una disidencia exterior que reclama medidas más vinculantes.

En el plano social, destaca el abandono de la confederación de familias de la escuela pública vasca, EHIGE, una ausencia de gran peso por su representatividad a pie de centro. Asimismo, el bloque sindical de la enseñanza pública ha quedado prácticamente desarticulado tras la salida consecutiva de las centrales mayoritarias STEILAS y LAB, quienes rechazaron de forma contundente la metodología empleada por la administración. ELA fue invitada a la mesa pero ni se llegó a sentar. Ikastolen Elkartea es la baja de mayor impacto dentro de la red concertada, ya que escolariza a más de 55.500 alumnos y alumnas, englobando a unas 46.000 familias y más de 3.700 profesionales. En mayo, la patronal que agrupa a las ikastolas decidió dejar de forma definitiva el proceso argumentando que la mesa no permitía un debate real ni profundo. Según sus portavoces, el Departamento de Educación acudía a las reuniones con las directrices, normativas y decretos de matriculación ya redactados, por lo que acusaron al Ejecutivo de buscar una "foto de consenso puramente estética o cosmética" en lugar de un proceso participativo real para afrontar la segregación, el bache demográfico y la euskaldunización.

Finalmente, en el terreno político, el Partido Popular también formalizó su retirada definitiva del pacto, completando así la lista de agentes que han decidido desmarcarse por completo de la dinámica oficial. La situación de Sumar y EH Bildu refleja posturas críticas muy similares, aunque con niveles de implicación formal distintos. Sumar nunca se llegó a sentar a la mesa y se ha dedicado todo este tiempo a la denuncia externa. Por último, EH Bildu no ha abandonado formalmente el foro, pero mantiene una postura sumamente combativa y de profunda desconfianza hacia la gestión de Educación.

Pese a este escenario de fractura sectorial, el Departamento mantiene la convocatoria del lunes con la mirada puesta en activar la ingeniería presupuestaria del pacto, que incluye medidas de calado como la implantación de la mochila escolar. El Gobierno Vasco asume que la implantación del plan deberá arrancar sin la unanimidad de todos los agentes, confiando en que el desarrollo normativo y el diálogo posterior en el Parlamento vasco permitan reconducir las posiciones de los agentes ausentes a lo largo de la legislatura.