La mesa de Eskola Bikaina Denontzat ha entrado en su fase crucial: la de definición de acciones concretas para combatir la segregación escolar y garantizar la calidad educativa para todo el alumnado. La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, y los representantes de los cien profesionales y agentes del sistema educativo vasco que forman los grupos de trabajo de este foro se reunieron ayer en el CEIP de San Inazio (Bilbao) para profundizar en los nueve proyectos concretos que se desplegarán a partir del curso que viene. A finales de curso se desvelarán los detalles de las iniciativas esbozadas ayer por los coordinadores de las comisiones de trabajo que las deberán llevar a tierra.
Tal y como ha podido saber este periódico, la aprobación del decreto de gratuidad de la enseñanza en los centros concertados, la creación de una “mochila escolar” para el alumnado vulnerable y la renovación del decreto de planificación y admisión, son los tres proyectos prioritarios en el ámbito de la gestión de la oferta educativa. Con la implantación de estas tres acciones, se pretende incidir en la equidad del sistema y disminuir la histórica concentración del alumnado vulnerable en los centros de la red pública, a pesar de que ambas redes se reparten prácticamente la mitad de los estudiantes.
Euskadi sigue siendo, junto con Catalunya, una de las comunidades con mayor índice de segregación escolar, lo que significa que para lograr una equidad real habría que reubicar a entre el 30% y el 50% del alumnado desfavorecido, según el Diagnóstico inicial y la respuesta a la segregación escolar en Euskadi que el Departamento de Educación ha trasladado a la mesa. Los últimos datos oficiales confirman un cambio de tendencia en la distribución del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Este giro responde a la aplicación de las nuevas políticas de admisión iniciadas en 2023, diseñadas para combatir la segregación mediante mecanismos como la reserva de plazas para perfiles vulnerables en todos los centros financiados con fondos públicos.
Distribución del alumnado con necesidades
Este curso la red pública asume el 58,1% del alumnado con necesidades, mientras que la red concertada escolariza al 41,9% restante. Estas cifras muestran un avance hacia la equidad, aunque los indicadores específicos revelan que la concentración de la diversidad sigue siendo desigual entre ambas redes. La diferencia más pronunciada se observa en el alumnado de origen extranjero, donde la escuela pública acoge al 67,4% frente al 32,6% de la concertada. En cuanto al alumnado beneficiario de becas por motivos socioeconómicos, la red pública sostiene al 61,3% del total, dejando el 38,7% para los centros concertados. Pese a la persistencia de esta brecha, el informe de la actividad escolar más reciente de Eustat subraya que el sistema vasco avanza en indicadores de éxito, como la reducción de la tasa de abandono escolar temprano al 3,6% en 2025. El reto para las próximas campañas de matriculación reside en consolidar este reparto equilibrado para que la vulnerabilidad deje de concentrarse de forma mayoritaria en la red de titularidad pública.
Todas las medidas bosquejadas vendrían a contrarrestar uno de los principales factores que propician la segregación: la selección del alumnado por parte de los centros educativos concertados. Según el propio diagnóstico oficial, algunos de estos colegios aplican mecanismos explícitos o implícitos de selección que afectan a la composición del alumnado, como el cobro de cuotas o aportaciones económicas por enseñanza, matrícula, actividades complementarias, comedor, transporte, etc. El decreto de gratuidad garantizará el fin de las cuotas (alegales).
Normativa y apoyo al éxito escolar
La “mochila escolar”, por su parte, permitirá asegurar el acceso a servicios básicos como comedor, transporte o material al alumnado en situación de vulnerabilidad en los centros concertados. La otra pata de esta estrategia para atajar la segregación es la renovación del decreto de Planificación y Admisión de alumnos después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anulase la normativa previa (Decreto 30/2023) por defecto de forma, concretamente, por la ausencia de una memoria económica que justificara el coste de las medidas.
El texto legal establecía que todos los centros financiados con dinero público deben asumir una cuota proporcional de alumnado con necesidades específicas en base al Índice de Vulnerabilidad actualizado, que obligará a reservar plazas para estos estudiantes en cada zona de influencia. El objetivo es que ningún colegio pueda eludir su responsabilidad social en la acogida de la diversidad, equilibrando la composición social de las aulas en todo el territorio. Según los plazos anunciados por la consejera, el decreto debería haber visto la luz a finales de 2025 o a lo largo de este año.
Complejidad y formación docente
Durante la reunión, las personas coordinadoras de las comisiones de trabajo también analizaron cuatro iniciativas para fomentar el éxito escolar, como programas integrales de acogida para el alumnado de nueva incorporación, que combinan refuerzo lingüístico, acompañamiento socioemocional y trabajo con las familias. Estos programas están pensados para apoyar a los cerca de 8.000 estudiantes extranjeros que se incorporan al sistema con el curso empezado sin conocer, en muchos casos, ninguno de los dos idiomas (euskera y castellano).
Por otro lado, se trabajará en el desarrollo de la autonomía de los centros educativos, especialmente en contextos de mayor complejidad. De acuerdo con el Diagnóstico de situación sobre la infancia y adolescencia vasca, un total de 69 centros concertados y 254 centros públicos presentan un grado de complejidad, al menos, “medio-alto”. Representan el 17% de los centros privados y el 54% de los centros públicos. En estos centros, el nivel socioeconómico y cultural es menor que el de la media; el porcentaje de repetición, de becas y de alumnado de origen extranjero es más alto; y el porcentaje de continuidad más bajo. También se trabajará la formación inicial del profesorado, alineándola con los retos actuales del sistema, y se fomentarán los entornos plurilingües a través de una campaña de sensibilización.
A partir del curso que viene se trabajará en la creación del Servicio Municipal de Información Educativa, para ofrecer orientación accesible en los procesos de escolarización. El otro proyecto incluido en el eje Familia y Políticas de actuación entre administraciones, se impulsarán acuerdos locales entre centros, ayuntamientos y agentes sociales, reforzando la coordinación y la cohesión del entorno educativo.
