La pobreza repunta en Euskadi y alcanza al 6,1% de la población empujada por la inflación

El escenario económico post-pandemia, marcado por el encarecimiento de la vida, ha dejado una huella visible en la sociedad vasca. Según los datos de la EPDS 2024 presentados este miércoles por la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, la tasa de "pobreza real" en Euskadi se sitúa en el 6,1%, lo que supone un incremento de dos puntos respecto al 4% registrado en 2022.

Por territorios, Bizkaia es el que presenta una tasa de pobreza más elevada, del 6,9 % de su población, seguido de Araba, con el 5,8 %, y de Gipuzkoa, que con el 4,9 % tiene la menor. La consejera Melgosa ha vinculado este retroceso al contexto de subida del IPC, que acumuló repuntes del 5,4% en 2022 y del 3,6% en 2024. Este encarecimiento de bienes básicos ha dificultado que muchas familias mantengan su capacidad de ahorro o cubran necesidades cotidianas para vivir con dignidad (alimentación, vivienda, luz agua, calefacción, transporte para ir a trabajar, productos de higiene y salud.…)

Factor migración

Cuando el informe dice que la inflación impide cubrirlas, significa que las familias tienen que elegir entre comer bien o pagar la luz, o que cualquier imprevisto (como que se rompa la lavadora) supone un descalabro financiero. Además de a la inflacción, el informe apunta a la migración como uno de los factores determinantes en la radiografía actual de la pobreza en Euskadi. La llegada de más de 117.000 personas de origen extranjero en los últimos dos años ha condicionado la estadística, ya que este colectivo representa entre el 50% y el 60% de las personas en situación de pobreza. Junto a ellos, la juventud aparece como el otro grupo más castigado debido a la precariedad laboral y las barreras de acceso a la vivienda.

En el día a día, esta realidad se traduce en privaciones concretas. El 18,8% de las familias vascas no puede permitirse ni una semana de vacaciones al año y el 64,4% de los hogares carece de un vehículo con menos de diez años de antigüedad. A pesar del aumento de personas vulnerables, el informe arroja un dato positivo en términos de cohesión social: el coeficiente de Gini ha mejorado, bajando del 26,9% al 25,9%. Esto indica que, aunque el número de personas pobres ha crecido, la brecha de desigualdad general en la distribución de la riqueza se ha reducido en Euskadi.

En el extremo opuesto de la escala, la gran mayoría de la sociedad vasca mantiene sus niveles de prosperidad. El 71,7% de la población vive en una situación de bienestar (completo o casi completo), aunque esta cifra es ligeramente inferior al 75,3% de hace dos años. Por último, el estudio destaca una mejora en las condiciones de las viviendas: han descendido los hogares con problemas de humedad (del 12,4% al 9,8%) y aquellos expuestos a ruidos o contaminación, consolidando un avance en la habitabilidad.

Escudo social

Para responder al repunte de la pobreza, la consejera Nerea Melgosa ha detallado una ambiciosa estrategia de choque que sitúa el alivio de las cargas básicas y el apoyo a la infancia en el centro de la acción del Gobierno Vasco. Entre las medidas más destacadas para paliar el encarecimiento de la vida se encuentran los Bonos de Alimentación, con ayudas de hasta 900 euros anuales para familias vulnerables, y el Bono Social Térmico, que ya ha dado cobertura energética a más de 62.000 hogares.

En el ámbito familiar, la consejera ha subrayado hitos como el nuevo Decreto de familias monoparentales, que por primera vez incluye prestaciones económicas específicas y ha sumado 2.800 solicitudes en el arranque de 2026, así como la ampliación de las ayudas a la crianza de 200 euros mensuales hasta los 4 años. Este escudo social se completa con la gratuidad total de las haurreskolas para el ciclo de 0 a 2 años y el programa de salud bucodental PADI, que garantiza atención gratuita a 108.000 menores. Finalmente, el Gobierno Vasco refuerza sus pilares de protección económica mediante la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que para este año establece una cuantía base de 583,07 euros, y las Ayudas de Emergencia Social (AES), un recurso que ya atendió a cerca de 56.000 personas en el último ejercicio. Todo ello se enmarca en la Estrategia de Garantía Infantil 2030, cuyo desafío prioritario es cerrar la brecha de desigualdad que afecta a los niños y niñas de Euskadi frente a la población adulta.