La falta de oferta de vivienda, junto a la inflación en los precios de la misma, es concebida como el principal problema dentro del difícil panorama que domina esta materia en la actualidad. En la reducción de oferta de alquiler también puede jugar un importante papel las malas experiencias que el propietario haya tenido con inquilinos previos. Con el objeto de estimular la salida al mercado de pisos en régimen de arrendamiento, el Departamento vasco de Vivienda anunció hoy el lanzamiento de un seguro público para cubrir impagos y desperfectos.
La medida la comunicó el consejero Denis Itxaso en la apertura del congreso House Action, que analiza en Donostia las claves del estado actual de un problema que es general en toda Europa, si bien en cada país operan unas circunstancias específicas. En el caso español, y de forma más acusada en Euskadi, es la carencia de oferta de alquiler, además de que cada vez se está superando en mayor medida el umbral recomendado del máximo de un 30% de los ingresos mensuales destinado al pago de la renta. Ante esta situación de escasez de oferta, el nuevo programa Alokaplus se presenta como un “seguro público” de impagos y desperfectos en forma de ayuda dirigida a personas arrendadoras y propietarias de Euskadi, aunque para ello sus viviendas deberán estar situadas en municipios declarados como zonas tensionadas.
Incrementar la protección del propietario que decide poner su vivienda en régimen de arrendamiento, de forma que se le proporcione “seguridad jurídica” ante “impagos o desperfectos” es el propósito de la norma, que tiene sus precedentes en la Orden de 26 de octubre de 2021, que únicamente cubre un supuesto concreto recogido en el real decreto-ley 11/2020. Esa compensación se calcula “únicamente desde el auto de suspensión hasta su levantamiento”, y a partir del valor medio de alquiler determinado por la Estadística del Mercado de Alquiler. En consecuencia, las cantidades reconocidas son “notablemente inferiores” a las realmente adeudadas desde el primer impago y “no cubren el conjunto de perjuicios económicos derivados de la situación”, explicó ayer el Departamento de Vivienda.
Los efectos económicos de la crisis sociosanitaria de la pandemia avivaron la preocupación por la situación de muchos inquilinos, que vieron como apenas disponían de ingresos para hacer frente al pago de sus rentas mensuales. De esta forma, se aprobaron diversas medidas orientadas a reforzar la protección de las personas arrendatarias. Entre ellas se encuentran la suspensión de lanzamientos en hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga extraordinaria de contratos o la declaración de zonas de mercado residencial tensionado con el fin de contener los precios del alquiler y sus actualizaciones.
En su exposición de motivos, el Departamento subraya que estas acciones han logrado mejorar la situación de los inquilinos, pero a renglón seguido admite que han generado un “aumento de la reticencia” por parte de muchos propietarios a incorporar sus viviendas al mercado del alquiler, “reduciendo así la disponibilidad de oferta y dificultando el acceso en determinadas áreas”. Por ello, el programa Alokaplus se presenta como una solución “más completa y eficaz”. La ayuda se plantea para “garantizar” el pago de “la renta, los suministros y los desperfectos”. En la ruta judicial ordinaria que siguen la mayoría de estos procesos esa garantía suele llegar cuando se emite el auto de suspensión del contrato. La medida presentada ayer busca que se produzca desde un momento bastante más temprano, que es el auto de admisión de la demanda.
Se cubrirá la totalidad del importe adeudado hasta un límite que se determinará en la futura orden. El objetivo, además de aumentar la seguridad jurídica de los arrendadores, es que más viviendas vacías o deshabitadas y cuyo precio de alquiler “se ajuste al índice de precios de referencia o parámetro equivalente” sean incorporadas al mercado del alquiler en los municipios declarados como zonas tensionadas. En cualquier caso, lo que se abre ahora es un período de 15 días en el que la ciudadanía podrá participar en la fase inicial de elaboración.
Durante su intervención en la apertura del congreso, el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, apuntó que, “en muchas ocasiones, el debate de la vivienda oscila entre quienes apuestan por la intervención y la regulación y quienes creen que el problema se resuelve solo dejando que las reglas del mercado de la oferta y la demanda encuentren por sí solos el justo equilibrio”. Ante esa dicotomía, subrayó, el Ejecutivo vasco se sitúa “en una posición de combate que va mucho más allá de la mera intervención”. “Entendemos la vivienda como un bien de primera necesidad y como un factor de cohesión y competitividad económica, y todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición han de ser empleadas con visión transversal”, defendió. En la inauguración también tomaron parte el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y el director de Vivienda y Jefe de Energía de la Comisión Europea, Matthew Baldwin.
Itxaso también destacó que su Departamento contará en 2026 con un presupuesto “récord” que permitirá tener 3.669 viviendas y alojamientos dotacionales en obra, gracias a una inversión acumulada de 596 millones de euros. Se trata de “una apuesta sin precedentes destinada a reforzar el parque protegido y multiplicar la capacidad de respuesta pública”, añadió. Asimismo, Itxaso destacó que la respuesta a la emergencia habitacional que se da en la actualidad requiere “decisiones valientes”, como incentivos y penalizaciones para movilizar vivienda vacía. “Gracias a este sistema, Euskadi se sitúa hoy como la comunidad con el porcentaje más bajo de vivienda deshabitada del Estado”, apuntó.
