La plantilla del servicio BetiON celebrará este lunes una jornada de huelga de 24 horas, convocada por el Comité Intercentros, para denunciar una serie de hechos de "extrema gravedad que están poniendo en riesgo tanto los derechos laborales como la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía vasca", según han informado los sindicatos ESK, LAB, ELA y UGT.
En un comunicado, estas centrales sindicales han explicado que desde el 1 de agosto de 2023, el servicio público de teleasistencia BetiON es gestionado por la empresa Ilunion. El pasado 16 de julio, Ilunion despidió a una trabajadora alegando que sus funciones pasarían a desarrollarse desde Madrid. "El Gobierno vasco, plenamente conocedor de la situación, ha optado por mirar hacia otro lado", han alertado.
En su opinión, este despido es "arbitrario y responde a una lógica represiva hacia quienes defienden condiciones laborales dignas". A ello han sumado múltiples sanciones impuestas a diferentes trabajadoras en los últimos meses, lo que interpretan como una "campaña de intimidación" contra la plantilla.
Denuncian que una trabajadora sufrió una agresión y la empresa no activó "ningún protocolo"
Más grave aún, a su juicio, es el caso de una trabajadora que sufrió una agresión por parte de un usuario mientras desempeñaba sus funciones. "La empresa no activó ningún protocolo efectivo de protección ni ofreció apoyo psicológico o jurídico. La mutua, por su parte, tardó cuatro días en reconocer la agresión. Esta omisión resulta inaceptable en un servicio público y evidencia una gestión que antepone los intereses empresariales al bienestar de las trabajadoras y de las personas usuarias de Euskadi", ha alertado.
BetiON es un servicio público esencial, financiado con recursos públicos y destinado a atender a personas en situación de vulnerabilidad. "No puede seguir funcionando a costa de la precarización, el miedo y la desprotección de su plantilla", han advertido.
Por todo ello, desde el Comité de Empresa exigen: la readmisión inmediata de la trabajadora despedida; la búsqueda de fórmulas alternativas al régimen sancionador; la activación real y efectiva de protocolos de actuación ante agresiones, con apoyo integral a las trabajadoras del Servicio de Teleasistencia; y la implicación urgente de las instituciones públicas para garantizar condiciones laborales "dignas en este servicio esencial".
"El compromiso con los cuidados empieza por cuidar a quienes cuidan. No vamos a permitir que se sigan vulnerando nuestros derechos ni que se normalicen situaciones de abuso en un servicio público", han concluido.
