El Ministerio de Justicia estudia una petición del Ayuntamiento de Maracena (Granada) para que trate de evitar la entrega del hijo menor de Juana Rivas al padre, el italiano Francesco Arcuri, que un juzgado de Granada ha fijado para el próximo viernes.
Así lo ha confirmado el Ministerio en un comunicado en el que explica que ha recibido este miércoles una solicitud del Ayuntamiento de ese municipio, en el que viven Rivas y su hijo, "sobre la entrega de un menor en el marco de un proceso judicial para la ejecución de una sentencia de un tribunal italiano".
"La solicitud se está examinando detenidamente con el fin de dar una respuesta fundamentada en Derecho antes del próximo viernes 25, fecha fijada por la Justicia para la entrega del menor", añade la nota.
El Ministerio negó la colaboración pedida por Italia
A lo largo de estos meses, el Ministerio ha defendido siempre el interés superior del menor, que incluye el derecho a ser escuchado, añade la nota de Justicia.
"Aunque se trata de un procedimiento judicializado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2019/1111, el Ministerio ha hecho valer estas cuestiones en su ámbito de actuación, particularmente en lo relativo a su relación con las autoridades italianas".
El Ministerio explica que el pasado 11 de marzo el Gobierno de Italia pidió su colaboración en la ejecución inmediata de la sentencia que ordenaba la restitución del menor. Justicia negó esa colaboración al tratarse de "un proceso judicializado en el que la parte afectada tenía derecho a manifestar su oposición".
El 14 de julio, ante una nueva solicitud de la autoridad central italiana instando la implicación del Ministerio, "se hicieron llegar a la autoridad italiana diversos informes en los que, entre otras cuestiones, se detallaba el rechazo del menor a ser entregado a su padre, inmerso en un proceso judicial por maltrato en Italia, y su deseo de ser escuchado antes de tomar una decisión definitiva", concluye la nota.
Una petición de los abogados de Rivas
También hoy los abogados del Rivas han remitido un escrito al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el que le piden que intervenga para evitar la entrega invocando una excepción incluida en el Convenio de La Haya de 1980.
Los letrados aseguran que tratan de salvaguardar el interés superior del menor, de 11 años, hasta que tenga lugar el juicio contra Arcuri por presunto maltrato hacia sus hijos, que está previsto que se celebre el próximo septiembre en Italia.
El Convenio de La Haya sobre la sustracción internacional de menores obliga a los estados firmantes a que, en caso de sustracción ilegal, los menores sean devueltos a su último país de residencia, que, en el caso del hijo de Juana Rivas, cuya custodia tiene el padre, sería Italia.
Pero entre sus excepciones incluye la de no hacerlo si existe un "grave riesgo de que la restitución -del menor- lo exponga a un peligro físico o psíquico" o lo coloque en una situación "intolerable".
Por otra parte, el menor ha escrito una nueva carta que ha dirigido al director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán; a la directora de Save the Children, Isla Ramos, y al profesor Fhilip D. Jaffé, en representación del Comité de los Derechos del Niño.
En la carta, fechada este miércoles y facilitada a EFE, Daniel dice que quieren obligarle a vivir con su padre contra su voluntad, relata insultos y amenazas y asegura que, antes de su viaje en diciembre a España para visitar a la familia materna, Arcuri le amenazó con un cuchillo.
"Llevo toda mi vida asustado por culpa de mi padre, que siempre me ha maltratado. Un día me tiró por las escaleras y me hizo mucho daño en las costillas, que las tengo deformadas", ha relatado.
