El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha precisado que en el propyecto de Ley de medidas urgente en materia de vivienda "no se rebaja del 75% al 60% el porcentaje de vivienda protegida en suelo urbanizable", sino que "se permite al ayuntamiento que lo pueda modular entre el 75% y el 60%, si así lo piden los promotores", y ha hecho una llamada a los ayuntamientos a que, "si no es necesario, no se haga".
Itxaso ha participado este jueves, junto al viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, y el viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana, Juan Carlos Abascal, en un desayuno informativo para explicar en detalle la Ley de Medidas Urgentes registrada esta semana en el Parlamento Vasco.
"Uno de los mayores retos sociales de Euskadi"
Según han trasladado, la norma nace como "respuesta inmediata a uno de los mayores retos sociales de Euskadi" y con el objetivo de "movilizar suelo público y privado, agilizar trámites urbanísticos y reforzar la vivienda de protección pública (VPP), priorizando el alquiler social y dotacional".
Denis Itxaso ha señalado que "la idea fundamental que es la de darle ritmo a la construcción de vivienda" porque, como ya ha dicho en otras ocasiones, "en muchas ocasiones tenemos unos procesos, unos procedimientos y unas burocracias urbanísticas que son un auténtico vía crucis y necesitamos aligerar".
Tras asegurar que se están "preservando todas las garantías para que ninguna de esas operaciones vaya en detrimento de la seguridad ambiental o de las cotas de inundabilidad", Itxaso ha insistido en que lo que están haciendo es "abreviar el procedimiento, aligerarlo y, sobre todo, obrar con inteligencia".
"Se trata de ir ganando tiempo y de que todas las pistas que conforman la cadena de valor de la vivienda puedan ir en paralelo, no empezando a trabajar una cuando acaba el procedimiento anterior, sino poder ir en paralelo", ha precisado, para indicar que el objetivo en reducir en cerca del 50% los meses que duran los procesos.
"Darle velocidad a las operaciones urbanísticas"
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana ha insistido en la necesidad de "darle velocidad a las operaciones urbanísticas que entrañen vivienda protegida" y, para eso, se establece "un procedimiento prioritario, abreviado, que, de alguna manera, permite ir a más velocidad y le confiere atribuciones y capacidades de flexibilidad al ayuntamiento para tomar decisiones sin necesidad de tener que cambiar las tablas de la ley, el plan general".
En esa línea, Itxaso ha apuntado que "no se rebaja del 75% al 60% el porcentaje de vivienda protegida en suelo urbanizable", sino que "se permite al ayuntamiento que lo pueda modular entre el 75% y el 60%, si así lo piden los promotores". "No es que peguemos un bajón, sino que se permite a los ayuntamientos que lo puedan hacer", ha remarcado, para hacer una llamada a los ayuntamientos a que, "si no es necesario, no se haga".
"Si no es necesario, adelante con el 75%, porque hay suelos cuyas cargas de urbanización no son tan caras porque hay suelo a expuertas, aunque, lamentablemente, no son muchos los casos, pero puede haber alguno, sobre todo cuando hay un promotor principal que es el sector público", ha dicho, para señalar que "cuando está Visesa, el Departamento o cuando es un ayuntamiento quien lo va a promover, nosotros recomendamos que todo sea protegido".
Sin embargo, ha señalado que "cuando la iniciativa es de carácter privado, puede haber ámbitos en los que las cargas de urbanización son tan costosas que recomienden modular el porcentaje de vivienda protegida en suelo urbanizable para que la cosa sea viable y pueda salir adelante".
"Ese tipo de atribuciones se las damos al ayuntamiento y le damos también la posibilidad al ayuntamiento de aumentar o reducir, tener una horquilla de un más menos 10% de edificabilidad sin necesidad de modificación del plan general, para terminar de redondear la jugada y tener una operación urbanística que sea definitivamente viable y pueda salir adelante", ha subrayado.
Por otro lado, ha dicho a EH Bildu que "deje de lado los prejuicios ideológicos" para sacar adelante esta ley. "Me gustaría que EH Bildu explicara qué opina ante todas estas medidas, porque decir que no está de acuerdo con la nueva horquilla de flexibilidad a los ayuntamientos sobre la reserva de suelo para vivienda protegida parece poco argumento para votar en contra de una ley muy progresista, muy avanzada y muy valiente".
Principales medidas
Entre las principales medidas que contempla la ley han destacado la cesión obligatoria de suelo, de forma que los suelos residenciales de más de 20.000 m2 deberán ceder hasta un 15% de su aprovechamiento a las administraciones públicas para uso residencial protegido.
Además, se introduce un procedimiento abreviado para proyectos prioritarios, se eliminan trabas como el PAU y se aplican mecanismos de silencio positivo para reducir la burocracia.
También han destacado la "flexibilización urbanística", que supone que los Ayuntamientos podrán ajustar el porcentaje de VPP en sectores inviables, sin bajar del 55% para vivienda social.
Otra medida es la regulación del mercado tensionado, de forma que en zonas declaradas como tensionadas se suspenderán nuevas viviendas turísticas y se sancionarán los incumplimientos de la función social de la vivienda. Además, se da impulso a alojamientos dotacionales y se mejora en la contratación pública de promociones, permitiendo procedimientos urgentes y conjuntos.