El Congreso de los Diputados ha rechazado tramitar la proposición de ley contra el proxenetismo. El PSOE se ha quedado solo este martes y su iniciativa abolicionista no ha cosechado los apoyos ni de su socio de Gobierno ni de sus aliados parlamentarios ni del Partido Popular.
El PSOE volvía a someter a debate la reforma del Código Penal para castigar el proxenetismo en todas sus formas. Ya lo hizo la pasada legislatura, cuando se aceptó su toma en consideración gracias a los votos del Partido Popular, pero no se culminó su tramitación.
Legislar sobre prostitución es complejo debido a las muy diversas sensibilidades de los grupos parlamentarios que cohabitan en el Congreso (tampoco existe consenso en el seno del movimiento feminista).
Ya se comprobó la pasada legislatura (cuando ERC y los comunes votaron en contra y PNV y Bildu se abstuvieron) y todo parece indicar que volverá a suceder este martes.
Fuentes de ERC han avanzado a EFE que mantendrán su voto en contra, mientras que Sumar aún no ha consensuado ni el sentido del voto ni si votarán en bloque.
Por su parte, ni PNV, ni Junts ni Podemos quieren aclarar el sentido de su voto, algo que tampoco ha hecho el PP, pese a que comparte con el PSOE una postura abolicionista y resultará clave para el futuro de la iniciativa.
Mientras tanto, fuentes de Bildu han explicado a EFE que son "críticos" con la propuesta y que aún no han decidido el sentido del voto, que se abstuvieron en la pasada legislatura "en aras de favorecer un debate" que consideran necesario, pero han lamentado que en todo este tiempo ese debate haya "quedado en el olvido": "Parece más un intento de aparecer en la campaña de las europeas como abanderados del abolicionismo", han enfatizado.
Castigar todo tipo de proxenetismo
La intención del Partido Socialista con esta proposición de ley es castigar todo tipo de proxenetismo, esto es, el lucro de la prostitución ajena. Actualmente sólo está penado aquel que se ejerce con intimidación y violencia, pero el grupo socialista considera que la redacción actual del Código Penal ha llevado a una "impunidad total del proxenetismo".
Su iniciativa amplía el artículo 187 del Código Penal para castigar con cárcel a todo aquel que "promueva, favorezca o facilite" la prostitución de otra persona "con ánimo de lucro": con penas de 3 a 6 años de cárcel y multas de 18 a 24 meses si se emplea violencia, intimidación o engaño y penas de dos a cuatro años y multas de 12 a 24 meses si el proxenetismo no implica violencia, aun con el consentimiento de la persona prostituida.
También se incluye en ese artículo el castigo de la tercería locativa, es decir, ganar dinero por destinar un inmueble o cualquier otro espacio de manera habitual para que otra persona ejerza la prostitución, aun con su consentimiento. Aquí la pena sería de dos a cuatro años de prisión y multa de 18 a 24 meses.
Se quiere añadir asimismo un tercer punto al artículo 187 para que quienes pagan por sexo tengan un reproche penal: se castiga con multa de 12 a 24 meses a quien convenga "la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico".
Si la persona prostituida fuera menor de edad o se encontrase en situación de vulnerabilidad, quien pague por acceder a su cuerpo se enfrentará a una pena de prisión de uno a tres años y multa de 24 a 48 meses.
En el artículo se precisa que "en ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución".
En la exposición de motivos, el PSOE indica que "las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos" y "representan la condición de posibilidad para que se produzca la prostitución".
Por último, la iniciativa otorga a las personas prostituidas los derechos recogido por el Estatuto de la víctima del delito y garantiza que puedan acceder a la atención que presta la ley del sólo sí es sí.
